Ratifican la nulidad de los indultos

La Corte Suprema de Justicia ratificó ayer la nulidad de los indultos dictados en 1990 por el ex presidente Carlos Menem a los dictadores Jorge Videla y Eduardo Massera.
En su tradicional acordada de los días martes, el máximo tribunal rechazó por "inadmisible" un recurso de los abogados de ambos dictadores, quienes habían pedido la validez de los indultos.
Al confirmar una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, la Corte estimó que es una "obligación del Estado argentino investigar y castigar" los delitos de lesa humanidad, pues por su gravedad son contrarios a la Constitución Nacional y a los tratados internaciones suscriptos por el país.
Se refirió así a las "obligaciones asumidas por el Estado argentino" ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y puntualizó su "obligación" no sólo de investigar sino también de "castigar los delitos aberrantes, deber que no podría estar sujeto a excepciones".
La Corte declaró "inadmisibles" las objeciones expuestas por los apelantes, tanto en le referente a la competencia como a la actuación de la Cámara Federal porteña basándose en los fundamentos del caso Mazzeo, de 2007, en le que se declaró inconstitucionales a los indultos.
En dicho precedente, la Corte había señalado que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, "no sólo son contrarios a la Constitución Nacional sino también a toda la comunidad internacional".
Por esta razón, añade, "la obligación que pesa sobre los Estados de esclarecerlos e identificar a lo culpables surge también de los tratados internacionales".
Por otra parte, ante el planteo de afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio por la alegada incapacidad de Massera, la Corte remitió a "la valoración de las circunstancias de hecho y la interpretación de las normas del derecho común", ya resultas por los jueces "con fundamentos suficientes".

Ausente.
En otro orden, el juez federal Walter Bento por tercera vez no pudo reanudar las indagatorias al ex juez y camarista Otilio Romano, "ausente por enfermedad" e imputado por presunta omisión en investigar 94 casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparecidos cuando cumplía funciones de fiscal durante la dictadura militar.
El magistrado inició el jueves 26 las indagatorias al ex juez y camarista Romano en el marco de cinco ex funcionarios de la justicia federal imputados por presuntos delitos de lesa humanidad durante el proceso militar de 1976.
Romano debía continuar concurriendo a los tribunales hasta terminar las indagatorias y viernes 27 justificó causas de enfermedad y desde entonces hasta hoy "no concurrió", informó la abogada del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Viviana Beigel
Al respecto, Beigel adelantó que hoy solicitarán la intervención de un perito para comprobar el estado de salud del imputado Otilio Romano concurriendo a su domicilio".
La ausencia de Romano ha impedido la continuidad de las indagatorias al ex juez y camarista Luis Miret, imputado de siete desapariciones, diecisiete privaciones de la libertad y seis casos de torturas y tres casos de robos.
También se encuentran imputados los ex jueces federales Guillermo Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo, actividades que ejercieron durante el período 1975-1983. (Télam)