Prisión perpetua para "el Angel Rubio"

El ex marino Alfredo Astiz, conocido como "el Ángel Rubio", y otros 11 represores fueron condenados ayer a la pena de prisión perpetua por su responsabilidad en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
Así lo dio a conocer el Tribunal Oral Federal Número 5 en la lectura de su fallo en el histórico juicio por los crímenes en el mayor centro clandestino de detención y la sala de audiencias de Comodoro Py estalló en festejos de familiares de las víctimas y representantes de organismos de derechos humanos.
Las doce penas de prisión perpetua impuestas por el TOF5 corresponden a quienes fueron sindicados como los "coautores penalmente responsables" por el secuestro tortura y asesinato de las 12 victimas de la Iglesia de la Santa Cruz, ocurridos entre el 8 y el 18 de diciembre de 1977, a excepción de de Adolfo Miguel Donda, quien recibió esa pena por los mismos delitos de los que fueron victimas los integrantes del llamado "Grupo Villaflor".
A la mayoría de ellos, se les achacó el asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977, luego de depositar en un buzón su histórica "Carta a la Junta Militar", una copia de la cual -y mimeografiada en aquella época- llevó hoy en su cartera si viuda Lilia Ferreyra.
Al conocer la sentencia, Astiz -que ya fue condenado en ausencia a prisión perpetua en Francia en 1990 y en Italia en 2007- mostró una sonrisa y apretó una escarapela que llevaba sobre la solapa del saco.
Astiz, bajo el seudónimo de Gustavo Niño, se infiltró en el grupo de las madres de desaparecidos en 1977 y marcó a las víctimas: entre ellas -que fueron torturadas en la ESMA y luego arrojadas vivas al mar- figuran la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

Condenados.
También fueron condenados a prisión perpetua los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Oscar Montes, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Cavallo, Alberto Eduardo González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio Coronel, Ernesto Weber y Jorge Radice.
Todos ellos fueron considerados responsables por delitos de lesa humanidad, incluidos los secuestros y desapariciones de Villaflor, y sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga; del periodista y escritor Rodolfo Walsh, y de las monjas francesas.
Integraban además ese grupo de la Santa Cruz Angela Aguad, Eduardo Horane, Horacio Elebert, Julio Fondevilla, Maria Eugenia Ponce de Bianco, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bullit,y Remo Berardo.
En tanto, el tribunal condenó a 25 años a Manuel García Tallada y a Juan Carlos Fotea, en tanto Carlos Capdevilla recibió 20 años y Juan Antonio Azic, 18; mientras que Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco fueron absueltos, pero no recuperarán su libertad debido a que tienen pendiente juicio dentro de la megacausa ESMA.
El presidente del tribunal, Daniel Obligado, tuvo a su cargo la lectura del veredicto, quien al finalizar enfatizó: "Señores el juicio ha terminado".

Festejos.
Luego de leído el veredicto, que comenzó dos horas después de lo anunciado, la planta baja de la sala de audiencias estalló en un emotivo y prolongado aplauso, que culminó con el ya tradicional grito de "30 mil compañeros desparecidos presentes, ahora y siempre" (repetido en tres ocasiones), tras lo cual comenzaron a gritarles a los condenados "asesinos, genocidas", mientras se retiraban esposados de la sala.
En su fallo y a diferencia de otros juicios por los crímenes de la dictadura, el tribunal no dispuso la prisión el cárcel común, por lo que muchos de ellos cumplirán sus penas en su domicilio, y tampoco enmarcó los delitos en la figura de "genocidio".
De hecho, el Tribunal solicitó a las máximas instancias judiciales que soliciten a organismos internacionales la incorporación de la figura de "genocidio" para el caso de perseguidos políticos, a fin de poder aplicarlo para procesos locales.
La bandeja alta de la sala de audiencias estuvo colmada de familiares de los acusados, quienes al ingresar y ante las cámaras de televisión mostraron carteles de victimas de un ataque subversivo ocurrido en Formosa en octubre de 1975, los que consignaban "juicio y castigo", lema de los organismos de derechos humanos. (NA)