Denuncian penalmente a empresarios del Sarmiento

Víctimas de la tragedia ferroviaria de Castelar en la que murieron tres personas y hubo más de 300 heridos pidieron ayer a la Justicia que cite a declaración indagatoria a los empresarios Aldo Benito Roggio y Gabriel Romero, titulares de la concesionaria que opera el tren Sarmiento.
La solicitud la hicieron unas 40 víctimas por medio del abogado Gregorio Dalbón, quien pidió además que se les imponga a los titulares de los grupos económicos que conforman Ugofe (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) la prohibición de salida del país.
En el escrito presentado ante el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, la querella recordó que esos empresarios "tienen a su cargo la explotación de la línea férrea donde tuvo lugar el luctuoso hecho investigado, resultan ser penalmente responsables de su comisión en atención a que el mismo pudo haberse derivado de una injustificable falla del sistema de frenos de la formación embistiente".
El accidente del jueves pasado tuvo lugar entre las estaciones Morón y Castelar y cuando una formación embistió a otra por detrás y que estaba frenada sobre la vía.
Dalbón pidió ser tenido como parte querellante, lo que le permitiría impulsar la investigación y sugerir medidas de prueba, y en ese sentido pidió al juez que allane las oficinas de Ugofe.

Documentación.
El abogado busca que la Justicia recabe "toda la documentación relativa a los controles efectuados sobre el sistema de frenos, los legajos correspondientes a los conductores, las revisiones técnicas de dichas formaciones así como también cualquier otro dato de interés para la dilucidación de la causa".

A declarar.
El abogado sugirió como medida de prueba que el juez cite a declarar como testigos a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte; a Alejandro Ramos, responsable del área del Ministerio de Transporte de la Nación; y a Marcos Antonio Córdoba, el chofer que protagonizó la tragedia ferroviaria de Once.
También pidió que se realice una pericia contable sobre Ugofe, y "sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, fideicomisos dentro y fuera del país cuya titularidad sea atribuible a Gabriel Romero, Aldo Benito Roggio y a la totalidad de las sociedades vinculadas con los mismos", y con el objetivo de indagar el destino de los subsidios estatales.

Reclamo.
Por último, el letrado reclamó que se prohíba al Estado "revelar secretos" de la investigación penal para "la preservación de la prueba y para impedir que su artera manipulación sea utilizada para mejorar la situación procesal de los imputados".

Estudios.
Los primeros estudios efectuados por profesionales universitarios a la formación ferroviaria que impactó el jueves pasado contra un tren detenido a metros de la estación Castelar, arrojaron como resultado que tanto los vagones como las vías y los durmientes "estaban a nuevo".
El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Rositto, dijo a Télam que tras la primera revisión "pudimos comprobar que tanto el vagón que chocó, como las vías y los durmientes en el lugar del accidente estaban a nuevo".
"Esto no quita que cuando se realicen estudios más profundos se descubra alguna falla" agregó Rositto y detalló: "no es que no se hizo nada, se hicieron muchos cosas, no es fácil comprar cientos de vagones nuevos y ponerlos a funcionar en un año".
Profesionales de la facultad de Ingeniería de la UBA, de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad de Lanús y de la de San Martín fueron convocados por el Ministerio del Interior y Transporte para integrar una comisión investigadora.
El decano aseguró que cuando se trasladaron al lugar del accidente "comenzamos con las tareas de campo y hasta esta noche no nos habían puesto un plazo de tiempo para emitir el informe final". (NA y Télam)