Adorni gastó $14 millones en muebles
Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento en Caballito por parte de Manuel Adorni, declaró ayer como testigo y aseguró que la operación incluyó un pago adicional de u$s65.000 por fuera de la escritura.
Según su testimonio, ese monto formaba parte del acuerdo de compraventa y, hasta el momento, no habría sido cancelado, por lo que sostuvo que el funcionario mantiene esa deuda pendiente.
Según publicó Ambito, Miano respaldó así lo declarado por Pablo Martín Feijóo, hijo de otra de las prestamistas, quien había señalado que ese pago extra fue pactado para “cubrir gastos” vinculados a la operación.
En la declaración previa, Feijóo había indicado que Adorni manifestó contar con 30.000 dólares, lo que derivó en un financiamiento mediante una hipoteca por 200.000 dólares otorgada por su madre y por la madre de Miano.
La fiscalía ahora busca determinar si existieron acuerdos por fuera de la escritura o mecanismos de pago no registrados, en el marco de una operatoria que genera dudas sobre su transparencia.
Nuevos gastos.
Por otra parte, aparecieron nuevos gastos de Adorni. En este caso, se conocieron pagos por un total de 14 millones de pesos destinados a la compra de muebles para el departamento de Caballito.
Según publicó el mismo medio, el trabajo fue encargado al contratista Matías Tobar, quien ya había realizado tareas previas en la vivienda de Indio Cua.
En este trabajo se le solicitó la fabricación de distintos muebles a medida para dicho inmueble.
En el expediente figuran el pedido de una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una mesa consola y un espejo.
El pago al contratista se habría realizado a comienzos de este año, en efectivo y sin factura.
Secreto fiscal.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, tal como había pedido la fiscalía en el marco de la investigación por posible enriquecimiento ilícito. La medida también alcanza a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.
Según publicó Página 12, la medida apunta a esclarecer la situación de un inmueble de la familia del vocero presidencial en la ciudad de La Plata y cómo fueron los pagos hechos por el funcionario en la adquisición de la casa en el country Indio Cuá.
En consecuencia, el fiscal Gerardo Pollicita podrá acceder a los datos personales de Adorni y Angeletti en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y determinar cuáles fueron los egresos al fisco y el pago de tasas e impuestos del matrimonio.
El fiscal intentará acceder al detalle de los pagos hechos por la familia Adorni entre enero de 2022 hasta ahora en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, así como también la valuación fiscal del inmueble y posibles deudas, intereses y planes de regularización.
Grandio.
Por último, el juez Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, quien a través de su productora cerró contratos con la Televisión Pública desde la firma ImHouse.
La medida alcanza a los contactos entre el Grandio y el presidente de la productora, Horacio Silva. La TV Pública se encuentra bajo el área de Secretaría de Comunicación, que responde a la Jefatura de Gabinete.
Semanas atrás, Lijo emitió un oficio para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pudiera ingresar a la TV Pública con el objetivo de recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente al periodista Grandio.
La investigación busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
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