Allanaron finca vinculada a dirigentes de la AFA: había 54 vehículos de lujo

A primera hora de este viernes se allanó la finca Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas que de momento ha sido apartado de la causa. Durante el allanamiento encontraron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL. La finca en Villa Rosa es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial. 

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro. El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos y objetos suntuarios que se encontraron en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino.

Asimismo, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó la sede de la AFA y clubes de fútbol por la causa Sur Finanzas. Son 33 los allanamientos que se van a llevar a cabo a la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares que fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que investiga a la financiera de Ariel Vallejo.

Lo que se busca es documentación contable sobre esas operaciones en relación con la causa por supuesto lavado de dinero que tiene a cargo el magistrado. Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Los allanamientos están a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con participación del área operativa de la DGI. Se investiga si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta. 

El planteo de la fiscalía

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. como también el club, presentan un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.. Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.

¿Por qué apartaron a Rafecas?

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió hoy que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte -acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente- según se pudo confirmar con fuentes judiciales. 

El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.

La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero. El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.

(Agencia Nacional de Noticias)