Caso Adorni: investigan la refacción de una de sus propiedades

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanzó sobre un nuevo punto: la compra y posterior refacción de un departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. Se sumaron al expediente imágenes del inmueble antes y después de las obras, con el objetivo de reconstruir el costo de la remodelación y determinar quién afrontó ese gasto.

Según recapituló Ambito, la propiedad fue comprada por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes declararon ante la Justicia que no participaron directamente de la operación. Afirmaron que esas gestiones las realizaron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Ambas perciben haberes jubilatorios de alrededor de $350.000, aunque sostuvieron que contaban con dinero disponible para concretar la adquisición en mayo de 2025.

"De acuerdo con la reconstrucción judicial, el departamento había sido vendido por el futbolista Hugo Morales en u$s200.000 y, seis meses después, fue transferido a Adorni por u$s230.000. Según consta en la causa, el funcionario entregó un adelanto de u$s30.000 y quedó endeudado con las vendedoras por los u$s200.000 restantes", agregó el medio citado.

Remodelación.

Ahora, uno de los ejes que analiza el fiscal Gerardo Pollicita es cuánto costó la remodelación del departamento. La pertinencia a la causa pasa por determinar si las obras hechas alcanzan para justificar la diferencia advertida en la operación, estimada en unos u$s30.000, y quién financió esos trabajos.

La Justicia incorporó al caso fotografías que muestran el estado original del inmueble y cómo quedó tras las obras. Hubo cambios notorios en sectores como la cocina, los baños, las habitaciones, los pasillos y el patio, con una transformación integral de los ambientes y una mejora en terminaciones, mobiliario y diseño.

"La pesquisa busca determinar si esa puesta en valor fue solventada por las jubiladas que figuran en la operación, por el propio funcionario o por un tercero. Esa definición es considerada clave para establecer si existió o no una evolución patrimonial que no pueda ser explicada con los ingresos declarados", agregó Ambito.

Causa.

La investigación a Adorni se inició a partir de una serie de denuncias vinculadas al viaje que realizó en un avión privado a Punta del Este y a presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En relación con otra propiedad del funcionario ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio ratificaron que el funcionario mantiene con ellas una deuda de u$s 70.000 más intereses, con vencimiento en noviembre de este año.

Por otra parte, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de sus cuatro acreedoras. Se sumó un pedido de información patrimonial y financiera a ARCA, para determnar si los involucrados tenían capacidad económica para solventar los créditos o garantías hipotecarias que aparecen en la documentación reunida.

Los testimonios continuarán la semana próxima. El lunes 20 de abril están citados Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, titulares de la inmobiliaria que intervino en la compraventa del inmueble en Caballito. El miércoles 22 deberá presentarse Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora del inmueble.

La causa también avanzará la casa de Adorni en el country Indio Cuá, y sobre las obras que allí se habrían realizado. En ese tramo fueron convocados el exdueño Juan Ernesto Cosentino y el contratista Matías Tabar, a quien el fiscal le pidió que aporte presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita precisar el alcance de la remodelación.