Jueves 11 de agosto 2022

Comienza el juicio por la "Masacre de Trelew"

Redacción 27/06/2022 - 00.11.hs

El ex oficial naval Roberto Guillermo Bravo deberá responder por primera vez ante un tribunal por sus responsabilidades en relación a la "Masacre de Trelew" en un juicio civil que comenzará hoy en una Corte de Florida, en Estados Unidos, y que es impulsado por los familiares de militantes que hace 50 años fueron fusilados en una base de la Armada.

 

Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado a ese país como agregado naval por el Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en un intento de darle protección frente a las acusaciones que pesaban sobre su persona. En ese país obtuvo la ciudadanía y se desarrolló como un próspero empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Estado.

 

En 2010, el ex marino logró que la Justicia de Estados Unidos rechazara un pedido de extradición formulado por los tribunales argentinos. En 2014, al producirse una condena en primera instancia sobre la causa, las autoridades argentinas volvieron a reclamar la comparecencia de Bravo.

 

Detenido.

 

A fines de 2019, el ex militar fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares, según fuentes de las querellas.

 

El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".

 

La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina. Mientras aguardan una resolución sobre la extradición, familiares de cuatro víctimas (Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps) decidieron iniciar una demanda civil contra Bravo en otra corte del distrito sur de Florida.

 

La presentación se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) que rige en Estados Unidos y es impulsada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos de la nación norteamericana. Y en el caso de ser encontrado culpable de los hechos que se le imputan, Bravo deberá presentar una reparación económica a los demandantes. (Télam)

 

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