Confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo

La Sala II de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la causa por las irregularidades en la compra de medicamentos para el organismo. Además, la Cámara confirmó los procesamiento de 18 imputados entre los que están Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la Andis.

Spagnuolo fue acusado de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo. Los jueces describieron un sistema de proveedores seleccionados, competencias simuladas y precios artificiales.

Según publicó Ambito, la Sala confirmó los procesamientos dictados en la causa que investiga una presunta estructura de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), vinculada con las compras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia del programa Incluir Salud.

El tribunal, integrado por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, rechazó los planteos de las defensas y sostuvo que la evidencia reunida permite mantener la imputación por delitos como asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.

Sin embargo, la Cámara redujo los montos de los embargos fijados. En el caso de Diego Spagnuolo, el procesamiento fue confirmado y el embargo quedó establecido en $36.005.161.365,44. Para Daniel Garbellini, en $35.909.066.365,44, y para Miguel Ángel Calvete, en $36.043.881.773,44.

Sobreprecios.

La hipótesis investigada sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se realizaron contrataciones direccionadas y con sobreprecios en medicamentos e insumos, acompañadas por la presunta entrega de dádivas a funcionarios.

El fallo describe la maniobra de esta manera: “Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.

Según la resolución a la que accedió Ambito, también participaron actores privados que habrían tomado decisiones que correspondían exclusivamente a la Agencia. El mecanismo, según la Cámara, se habría apoyado en el sistema informático SIIPFIS. Los jueces sostuvieron que el programa habría sido manipulado para que solamente fueran invitadas determinadas empresas vinculadas con los integrantes de la organización.

Y agregaron “los integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla’”. Una vez adjudicadas las compras, agregaron, se garantizaba prioridad en los pagos y parte de las ganancias era distribuida entre los que participaban de la maniobra.

Sistema de compras.

La Cámara también puso el foco en que la convocatoria a proveedores era manual: el operador podía seleccionar con una tilde a las empresas que serían invitadas.

“Las fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”, concluyeron los jueces.

Y agregaron que de ese modo se otorgaba a personas ajenas a la administración pública “un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.