Renuncia y más denuncias contra el Gobierno

El escándalo en la Quinta Presidencial de Olivos, con muchas versiones alrededor, tuvo un capítulo concreto ante la justicia y en quienes trabajaban allí porque María Belén Agudiez renunció al cargo de subsecretaria de Planificación General de la Presidencia tras el avance de una investigación penal que ya no solo apunta sobre compras millonarias irregulares, sino también un aceitado mecanismo de posible desvío de compras públicas y retornos en favor de una empresa de catering familiar, actualmente investigado.

La diputada Marcela Pagano formalizó ante la Justicia Federal dos ampliaciones de su denuncia original por malversación. La tramita el juzgado 12, que subroga Julián Ercolini, con Eduardo Taiano como fiscal. Si la primera presentación ponía la lupa sobre desvíos globales y un entramado donde convivían proveedores fantasma con facturas por 600 millones de pesos -se llegó a utilizar la identidad de un jubilado de más de 80 años, sin ingresos comprobables ni propiedades a su nombre para facturar al Estado-, los nuevos escritos judiciales aportan soporte documental sobre “la existencia de un esquema de negocios privados montado desde la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, con personal pagado por la Secretaría General de la Presidencia, en torno a un emprendimiento de catering de la familia del intendente de la residencia”. El texto acusa formalmente la comisión del delito de peculado de trabajos o servicios.

Hipótesis.

La hipótesis principal de la denuncia penal radica en un aceitado mecanismo de desvío de insumos y alimentos premium adquiridos para la residencia presidencial, que no se condicen ni en cantidad ni en tipo de productos con el consumo habitual, según publicó el diario Página 12.

De acuerdo a la presentación judicial, hubo compras como “29 toneladas de carne vacuna y embutidos con enfoque prioritario en cortes premium, para seis meses”, que la Secretaría General de la Presidencia compraba para la quinta y Casa Rosada, no terminaban en la mesa presidencial, sino que abastecían a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering.

Este negocio era operado por Analía Agudiez (hermana de la funcionaria renunciada) y su pareja, Osvaldo Javier Sosa, quien llamativamente había sido designado por los Milei como intendente de la Quinta de Olivos, también eyectado tras este escándalo.

La denuncia detalla que el personal civil de la residencia también era obligado a trabajar para esta firma privada.

Pagano aportó pólizas de seguros de accidentes personales emitidas en marzo de 2024, donde empleados de la Casa Rosada y el propio intendente de Olivos figuran formalmente como “personal de catering” de la empresa familiar, amplió Página 12.

En las denuncias también se apunta a contrataciones dudosas: Multiplicación de compras directas de carritos de golf marca Melex. Además, aparecen sumas millonarias destinadas a aromatizantes ambientales de la marca “Saphirus”, un producto comercializado en el ámbito privado por la propia Belén Agudiez.