Denunciaron penalmente a Caputo y Bausili por las operaciones del oro

El ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, fueron denunciados este viernes tras el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los más de 1.000 millones de dólares que perdió el Estado a raíz de operaciones financieras en las que utilizaron parte del oro de las reservas como bien de respaldo.

Según informó El Destape, la presentación del abogado Gregorio Dalbón alertó: "Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra". 

La presentación apunta a los funcionarios por la maniobra y adelanta que pedirán, en caso de que corresponda, que se los cite a declaración indagatoria y se lleven adelante "allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos, peritajes contables y financieros, levantamiento de secretos", entre otras medidas probatorias. "La gravedad y magnitud de los hechos denunciados exigen una investigación rápida, profunda e independiente", afirmó el denunciante. 

El medio citado detalló que pide que se investigue a los tres por los delitos de "defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público". La causa cayó en el Juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo y en la Fiscalía federal 11, cuyo titular es Gerardo Pollicita. 

La denuncia toma como punto de partida los hallazgos publicados ayer por la AGN sobre los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025. De acuerdo con esos registros, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado durante 2025 resultados negativos por USD 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones en moneda de cierre: USD 960,2 millones correspondientes a resultados negativos por opciones financieras y USD 62,8 millones por pago de primas.

"La Justicia deberá determinar quién decidió estas operaciones, quién las autorizó, quién las diseñó, con qué contrapartes se realizaron, cuál fue su justificación económica, qué riesgos fueron asumidos, qué controles existieron y si de esas decisiones derivó un perjuicio patrimonial para el Estado argentino", sostiene además el escrito judicial.