El Gobierno redobló la persecución

El Ministerio de Capital Humano redobló la ofensiva contra el paro docente, anunciado para el lunes por el gremio Ctera. La cartera a cargo de Sandra Pettovello informó que realizará inspecciones en las instituciones educativas y adelantó que habrá sanciones, en caso de encontrar que no se esté completando la prestación del servicio.

En este marco, el Gobierno nacional reiteró que educación fue declarada servicio esencial en la ley de reforma laboral, informó El Destape.

El medio citado detalló que el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado e informó que mañana se "llevará adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley N.º 27.802 que en su artículo 101 establece a la Educación como servicio esencial, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social".

Inspección.

"Para ello, desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan", advirtieron desde el Ministerio.

Según sostuvieron, "la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y ,a la vez , el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución".

"El Ministerio exhorta a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas", concluyeron.

Servicio esencial.

El anuncio de Capital Humano se da un día después de que, a través de otro comunicado, señalara que la educación es un servicio esencial y que el artículo 101 de la ley de "Modernización Laboral" estipula "la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".

El miércoles, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente, en el marco del plan de lucha aprobado por su congreso. La medida fue anunciada en rechazo a las políticas del Gobierno nacional, al que el gremio responsabiliza por el deterioro de los salarios, el desfinanciamiento del sistema educativo y la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

El Gobierno anticipó que “el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”, aunque no precisó qué medidas adoptará en caso de que no se alcance el porcentaje establecido. El pronunciamiento fue difundido por las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social luego de se ratificara la huelga, que coincidirá con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

A través de un comunicado, Ctera sostuvo que la decisión de realizar un paro nacional docente responde a la "grave situación" que atraviesan las y los trabajadores de la educación "como consecuencia del ajuste" impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El sindicato cuestionó que el Ejecutivo mantenga su negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, un ámbito previsto por la legislación vigente para debatir salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa. Según la organización, esta situación se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y reducción de los recursos destinados al sistema educativo.

En ese sentido, entre los principales reclamos, Ctera exige un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

La organización también reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, rechaza una eventual reforma del régimen jubilatorio docente y se opone al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno.

El paro alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario de establecimientos públicos y privados. Los gremios anticipan un alto nivel de adhesión, aunque algunas instituciones privadas podrían mantener sus actividades con normalidad.