“El gobierno sigue destruyendo salarios y puestos de empleo”

En medio de los despidos masivos en el Estado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró la asamblea permanente en toda la administración pública a partir de este lunes. La medida se anunció después del masivo festival que se hizo el sábado en la ex Esma contra el cierre del Centro Cultural Conti.

 

“El 2025 será otro año marcado por una fuerte conflictividad en el Estado. El Gobierno sigue destruyendo salarios y puestos de empleo en el sector público. Las asambleas tienen que realizarse en todo el país y si no existen respuestas a las principales demandas de los estatales, comenzar a pensar en una nueva medida de fuerza de alcance nacional”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

 

Aguiar criticó el ajuste del Gobierno en la Secretaría de Derechos Humanos, que está siendo desguazada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Atacan las políticas de derechos humanos porque son negacionistas y quieren legitimar los crímenes atroces de la dictadura cívico militar. Frente a esto tenemos que evitar el cierre y defender todos los espacios de la memoria. Detrás de cada puesto de trabajo que se elimina en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que pierde la sociedad", señaló Aguiar.

 

Asimismo, el dirigente gremial recordó que el Gobierno no hizo ninguna oferta durante la última reunión por paritarias. “El Gobierno tiene que cumplir y fijar una fecha para darle continuidad a la negociación salarial esta semana. Tiene que existir un incremento que garantice que el deterioro que han sufrido los ingresos sea compensado y tiene que impactar ya con el próximo cobro”, indicó.

 

Denuncia.

 

La legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP), Victoria Montenegro, denunció al secretario Alberto Baños y al ministro Mariano Cúneo Libarona por poner en riesgo los sitios de memoria con los despidos masivos de trabajadores y el desfinanciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH).

 

En la SDH, que tiene su sede allí, se contabilizan por el momento 252 despidos y se esperan unos 300 más. El panorama es desolador para una dependencia que no llega a tener 800 trabajadores, detalla el artículo de Luciana Bertoia en Página 12.

 

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti continúa cerrado por decisión del secretario de Derechos Humanos. Este viernes, Baños convocó a algunos de los coordinadores para transmitirles que no tiene previsto clausurar definitivamente el lugar que funciona como un espacio de arte, reflexión y memoria desde 2008.

 

Denuncia.

 

Victoria Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y es una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, radicó una denuncia contra Baños y Cúneo Libarona. La presentación recayó en el juzgado federal 6 de Comodoro Py, que es subrogado por el juez federal Daniel Rafecas dado que está vacante desde que se jubiló Rodolfo Canicoba Corral. Rafecas está de feria y recién se reincorpora para el 3 de febrero.

 

Según la legisladora, Baños y Cúneo Libarona “han adoptado numerosas medidas que han afectado de manera directa el funcionamiento y la preservación de los sitios de memoria a través del desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos que viene sufriendo el sector público y en particular la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia”.

 

En las últimas horas se supo que todos los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos se vieron afectados por los despidos de su personal, lo que pone en riesgo su funcionamiento. Hay uno de ellos que quedaría sin trabajadores que puedan hacerse cargo de abrir y cerrarlo: el sitio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en la calle Virrey Cevallos.

 

Memoria.

 

En su denuncia, Montenegro sostiene que Baños y Cúneo Libarona están incumpliendo con la Constitución Nacional y con la ley 26.691, que declara que los ex centros clandestinos son sitios de memoria y que deben preservarse para las investigaciones judiciales y para la transmisión de lo que allí sucedido.

 

De acuerdo con la presentación de la legisladora, los despidos orquestados desde el Ministerio de Justicia impactaron en distintas áreas de los sitios: conservación, mantenimiento, educación, atención al público, entre otras. Por la situación de desprotección, afirma que también podrían estar en riesgo los acervos documentales que cada una de estas instituciones fue creando y resguardando. (El Destape/Página12)