“Es una decisión incumplible por parte del Gobierno”

A la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre si mantiene o no la suspensión de un fallo multimillonario contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei salió ayer a advertir, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que una decisión desfavorable sería "incumplible" en la práctica.

 

Según supo Noticias Argentinas, la Corte ya habría tomado una decisión y hay chances de que se publique oficialmente hoy.

 

Por la posición que están asumiendo las partes, todo indicaría que este caso sin precedentes en la historia -ya que una jueza federal estadounidense (Loretta Preska) pretende ordenarle a un Estado soberano (República Argentina) entregarle las acciones de la principal compañía estatal del país a un fondo especulativo- se inclinaría hacia el mantenimiento de la suspensión del fallo y la apertura de una larga negociación.

 

Incluso el fondo demandante -Burford Capital- hizo trascender que no está interesado en ese 51% de las acciones de YPF que Preska le ordena entregar a la Argentina para cumplir su polémico fallo que condena al país a pagar la friolera de U$S 16.100 millones.

 

Por eso, la administración de Javier Milei aguarda la confirmación por parte de la Corte del pedido de suspensión (“stay”) de la orden judicial que lo obliga a entregar esas acciones a Burford.

 

La resolución de la Corte de Apelaciones definiría si se frena temporalmente el cumplimiento de la medida, mientras se analiza la apelación principal, prevista para octubre, confiaron a Noticias Argentinas fuentes que siguen de cerca las herméticas negociaciones.

 

La orden de entrega de acciones fue dictada por la jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de la sentencia contra Argentina por la expropiación del 51% de YPF en 2012 sin cumplir con el estatuto societario.

 

Burford, que adquirió los derechos de litigio de los demandantes originales, valuó al 30 de junio de 2025 sus activos vinculados al caso en U$S 1.600 millones, equivalente al 43% de su portafolio principal.

 

Según estimaciones de Sebastián Maril, director de Latam Advisors, la Corte podría optar entre tres escenarios: aceptar la suspensión solicitada por Argentina, rechazarla o concederla a cambio de que el país deposite un activo alternativo como garantía.

 

En caso de un fallo adverso, el gobierno recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos.

 

Francos.

 

El jefe de Gabinete Guillermo Francos habló en Radio Nacional al respecto. “Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa", señaló.

 

De acuerdo al jefe de ministros, la legislación indica que "para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial".

 

De manera que si la Justicia estadounidense resuelve en contra del país, no estaría habilitada para ordenar una entrega de acciones.

 

Buford.

 

El CEO de Burford, Christopher Bogart, dijo que no hay certeza sobre los plazos de la decisión, señalando que el receso estival en el hemisferio norte podría demorarla.

 

“Está calendarizado para la próxima semana ante un panel de mociones, pero quién sabe cuándo emitirá una decisión”, afirmó durante la presentación de los resultados trimestrales de ese fondo.

 

Fecha clave.

 

El 27 de octubre de 2025 está prevista la audiencia oral de la apelación de fondo, donde se discutirá la validez de la sentencia que condenó a Argentina a pagar más de U$S 16.000 millones.

 

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, que coordina la defensa junto al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, evitaron anticipar pronósticos, pero aseguraron que se evalúan todos los escenarios.

 

En paralelo, fuentes cercanas a Burford señalaron que no se han registrado reuniones con funcionarios argentinos desde un encuentro en 2024 con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

 

Según esas versiones, la empresa presume que el gobierno evita un contacto directo por temor a eventuales denuncias penales, como las que enfrentaron funcionarios entre 2015 y 2023.

 

Las acciones de YPF registraron una baja de aproximadamente 5% desde el 7 de agosto, mientras que los papeles de Burford se mantuvieron estables.

 

Analistas prevén que la decisión cautelar del Segundo Circuito podría generar movimientos significativos en ambos activos y marcar el curso de uno de los litigios internacionales más relevantes para Argentina. (NA)