Estafa $LIBRA: el juez aceptó apelaciones y el caso ya está en la Cámara Federal

La investigación por la presunta estafa vinculada con la promoción de la criptomoneda $LIBRA avanzó a una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal recibiera el expediente. El juez Marcelo Martínez De Giorgi aceptó las apelaciones presentadas por los denunciantes, quienes cuestionan la decisión de excluir a las víctimas del proceso.

 

Según dijeron fuentes judiciales a Ámbito, el expediente fue remitido este martes al tribunal de alzada para que analice los planteos realizados por las partes. Entre los apelantes se encuentran Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Ozsust, y un grupo de damnificados patrocinados por Juan Grabois, quienes sostienen que el magistrado habría anticipado una postura sobre el caso y omitido considerar elementos probatorios que consideran relevantes.

 

En la causa se investiga una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, y los querellantes apartados del proceso penal presentaron un recurso de apelación contra la resolución del pasado 3 de julio, que los excluyó del rol de parte querellante.

 

La apelación de Romeo cuestiona que se haya considerado el caso como una inversión de alto riesgo propia de una “memecoin”.

 

“Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las condiciones del mercado”, afirma el escrito. Y agrega: “El colapso de $LIBRA no fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull pre-programado”.

 

En la presentación se señala que la maniobra incluyó compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del tuit presidencial que impulsó el valor del activo digital y la posterior extracción de u$s44,5 millones mediante información privilegiada.

 

La presentación, patrocinada Grabois y Camila Palacin Roitbarg, sostiene que la decisión judicial “desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa".

 

En el escrito, los querellantes afirman que el juez Martínez De Giorgi se pronuncia sobre el fondo de la imputación, al sostener que 'los hechos investigados no resultan subsumibles en el delito de estafa' y al calificar lo sucedido como una simple inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad ordinaria de una 'memecoin'".

 

Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente. La causa solo sería investigada por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.

 

 

En la Cámara Federal.

 

Ámbito indicó que la Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y permite que las víctimas continúen participando activamente en la causa como querellantes. La definición no llegaría en estos días, ya que a partir de la semana próxima comienza la feria judicial y un receso de dos semanas.

 

En la investigación, la causa pasó por distintas salas de la Cámara Federal debido a cambios en la integración del tribunal. En una primera etapa intervino la Sala II, que confirmó la participación de los damnificados como querellantes.

 

Luego, el expediente quedó radicado en la Sala I, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que ahora deberá resolver si los damnificados pueden continuar impulsando el caso.

 

La decisión llegará en un contexto de cambios en la composición de esa sala. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri, pero sus situaciones quedaron sujetas a revisión.

 

En el caso de Bertuzzi, el Gobierno de Javier Milei envió esta semana su pliego al Senado para que sea designado como juez titular del tribunal. Su nombre había sido incluido por el Consejo de la Magistratura en una terna junto con la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio.

 

Bruglia, en tanto, presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para permanecer en el cargo. De concretarse su salida, sería reemplazado en la Sala I por Pablo Yadarola, cuyo pliego también fue enviado al Senado por el Poder Ejecutivo.

 

La Cámara Federal es un tribunal clave porque revisa las decisiones de primera instancia en causas de alto impacto institucional, y la Sala I tiene ahora en sus manos una definición central para el futuro de la investigación del caso Libra.