Gobierno debe actualizar salarios y becas

La Justicia federal le ordenó ayer al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.

 

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

 

El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

 

Según el fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

 

El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.

 

La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

 

El fallo.

 

En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado.

 

Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

 

El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.

 

Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.

 

El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

 

Tras el anuncio de la decisión judicial, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, destacó el fallo de la justicia. "El gobierno debe cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Vamos a seguir cuidando lo que funciona", señaló a través su cuenta de X.

 

Congreso.

 

Cabe recordar, que el Congreso tuvo que sancionar dos veces la ley de financiamiento universitario, ya que en la primera oportunidad fue vetada por Milei. En la segunda, fue sancionada con más de dos tercios por ambas Cámaras.

 

El Presidente promulgó la ley, a través del decreto 759/2025, pero suspendiendo el artículo 5 de la norma. Amparandose en la ley de Presupuesto, señalando que el texto que aprobó el Congreso no especificaba la fuente de financiamiento. El fallo de Cormick respondió a este argumento, citando al informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que "estima dicho impacto en un 0,23% del PBI".

 

La semana pasada, el Gobierno nacional intentó derogar la ley de financiamiento universitario a través del presupuesto 2026 en Diputados. La oposición en bloque no aceptó la eliminación que había sancionado el Congreso, así como la emergencia en discapacidad.

 

Pese a que el cálculo de gastos y recursos del ejercicio del año que viene fue aprobado en la Cámara baja, La Libertad Avanza en el Senado tuvo que desistir de introducir modificaciones en el texto. Por lo que seguramente se quede con el presupuesto 2026, pero sin insistir con las derogaciones que no pasaron Diputados.