La CIDH exigió al gobierno que investigue la represión contra jubilados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la violencia registrada durante la "Marcha de los Jubilados" del 12 de marzo en Buenos Aires. "El Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos", afirmó en un comunicado.

El texto detalló que durante la manifestación de hace dos semanas, el Estado reprimió utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. En ese sentido, el organismo precisó que el operativo de seguridad dejó 20 personas heridas, entre las que hubo una jubilada de 87 años que sufrió traumatismo de cráneo y el fotorreportero Pablo Grillo que aún pelea por su vida, y 114 detenidos, entre los que se contabilizaron dos niños de 12 y 14 años de edad. "Profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa", puntualizó el escrito.

"La CIDH reafirma que la protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales. En este sentido, el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso", advirtieron desde la CIDH. 

En la misma línea, indicaron que el Estado también debe garantizar que los periodistas puedan cumplir con su trabajo sin estar sometidos a situaciones de violencia, agresiones ni obstrucciones.

Por otro lado, el comunicado criticó la denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich contra la jueza Karina Andrade, que fue quien ordenó la liberación de los detenidos al día siguiente de la marcha. "La Comisión recuerda que el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos", indicó el escrito.

Desde la CIDH consideraron que "la participación de algunas personas en actos de violencia durante una manifestación no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente". En relación a estos casos, explicaron que "los agentes de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia, y utilizando la fuerza solo como último recurso, de forma excepcional, proporcional y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales e interamericanos".

En el final del comunicado, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió al Estado argentino "a investigar de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a sancionar a quienes resulten responsables". Como argumento, esgrimió que nuestro país posee "una sólida tradición de participación ciudadana, la cual ha sido fundamental para el fortalecimiento de su democracia".

También instó a las autoridades "a promover un diálogo genuino, efectivo e inclusivo para atender las legítimas demandas de la población".