La Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina por YPF

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de Burford Capital para revisar el fallo que, en marzo, anuló la millonaria condena impuesta a la Argentina por la expropiación de YPF. La decisión representó un nuevo revés para el fondo que adquirió los derechos litigiosos de los antiguos accionistas de Petersen Energía y que pretendía cobrar una indemnización superior a los 16.000 millones de dólares.

 

De esta manera, el tribunal desestimó la solicitud de reconsideración presentada por los demandantes y ratificó el criterio adoptado semanas atrás. En aquella oportunidad, concluyó que la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska se sustentó en una interpretación incorrecta del derecho argentino. Con este nuevo pronunciamiento, la resolución favorable a la Argentina adquiere mayor firmeza, aunque el expediente aún no quedó definitivamente cerrado, ya que Burford conserva la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos, publicó El Destape.

 

 

Expropiación.

 

El diario porteño señaló que la noticia fue recibida con entusiasmo por la Casa Rosada, que volvió a presentar el resultado judicial como una demostración de la eficacia de su gestión. Sin embargo, el recorrido que desembocó en este fallo excede ampliamente a la administración libertaria. La estrategia jurídica que permitió revertir la condena fue sostenida por distintos equipos de la Procuración del Tesoro a lo largo de varios gobiernos y continuó durante la gestión de Milei, que heredó una causa iniciada mucho antes de su llegada al poder.

 

El litigio tiene origen en la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández. Años después, las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas al Grupo Eskenazi, iniciaron una demanda argumentando que el Estado argentino había incumplido disposiciones incluidas en el estatuto de la petrolera al no extender una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas. Tras la quiebra de esas compañías, los derechos de litigio fueron adquiridos por Burford Capital, un fondo especializado en financiar demandas judiciales.

 

 

La ruta del litigio.

 

El Destape recordó que en septiembre de 2023, Preska dio la razón a los demandantes y condenó al país a pagar alrededor de 16.100 millones de dólares. Más tarde avanzó incluso con una orden para que la Argentina transfiriera el 51 por ciento de las acciones que conserva en YPF como forma de cumplimiento de la sentencia. Aquella resolución abrió uno de los frentes judiciales y financieros más delicados para el Estado argentino en el exterior.

 

La Cámara de Apelaciones concluyó que los reclamos centrales de los accionistas no podían prosperar bajo la legislación argentina y dejó sin efecto la condena. Los jueces sostuvieron que los estatutos societarios de YPF no generan las obligaciones contractuales que la sentencia de primera instancia había dado por acreditadas y señalaron además que la legislación aplicable en materia de expropiaciones impedía sostener la interpretación adoptada por Preska.

 

Ese pronunciamiento no solo anuló la obligación de pagar la indemnización multimillonaria, sino que también debilitó las medidas posteriores que buscaban avanzar sobre la participación accionaria del Estado en la compañía. Como consecuencia de aquella decisión, el propio tribunal suspendió el tratamiento de las apelaciones pendientes y dejó en pausa otros recursos vinculados al expediente hasta que la cuestión principal quedara definida.

 

En tanto, el rechazo al pedido de revisión presentado por Burford profundiza ahora esa posición favorable para la defensa argentina. Aunque el fondo todavía conserva herramientas procesales para intentar revertir la situación, las alternativas aparecen cada vez más limitadas. Entre ellas figura la posibilidad de acudir a la Corte Suprema estadounidense mediante un recurso extraordinario cuya admisión depende exclusivamente del máximo tribunal.

 

Desde que llegó al Gobierno, Milei intentó asociar el litigio exclusivamente a las decisiones adoptadas durante la expropiación de 2012 y convertir cada avance judicial en un argumento de confrontación con el kirchnerismo. Sin embargo, cuando comenzaron a aparecer fallos favorables, la administración libertaria pasó a reivindicar como propios resultados que derivan de una estrategia jurídica cuya continuidad atravesó distintos ciclos políticos y que incluso contó con respaldos internacionales previos.

 

Uno de los episodios más significativos ocurrió cuando el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó argumentos favorables a la posición argentina en el debate sobre la entrega de acciones de YPF. El gobierno norteamericano advirtió entonces sobre las implicancias que una decisión de ese tipo podía tener respecto de la inmunidad soberana de los Estados y las relaciones diplomáticas internacionales.