La deuda asciende a $500 millones

Los jubilados de Olavarría, Azul y Bolívar ya tienen que pagar la consulta cuando van al médico de cabecera de PAMI y, en Córdoba, los de Marcos Juárez tienen que desplazarse 120 km hasta Villa María por el cierre del Sanatorio Sudeste, mientras en la provincia mediterránea directamente colapsó la atención, en todos los casos por el estrangulamiento financiero de la mayor obra social pública del país, con 5.405.216 afiliados a nivel nacional.

 

Desde fin del año pasado, el sistema dejó de pagar regularmente las prestaciones a las clínicas, sanatorios y hospitales privados, a raíz de lo cual se impusieron cupos para estudios diagnósticos y los turnos los dan a partir de los cuatro meses, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

 

Ante la falta de respuestas oficiales y la urgencia por cubrir los costos operativos de los consultorios, los médicos nucleados en estas regiones informaron que, hasta que el PAMI no regularice la deuda pendiente, los afiliados serán atendidos bajo la modalidad de pacientes particulares.

 

La cadena de eventos que sufre el jubilado es precisa: el médico de cabecera receta un estudio, el paciente saca turno en la institución correspondiente, llega el día de la consulta y se encuentra con que el cupo para esa clínica ya se agotó.

 

La deuda.

 

La deuda que mantiene la entidad con los prestadores privados asciende a unos

 

$500 millones y se atribuye a que, como el Tesoro de la Nación dejó de girarle fondos al Ministerio de Salud, la dejó desfinanciada, por lo que algunos de los que vieron interrumpidas las transferencias por los servicios brindados ahora exigen copagos a los pacientes.

 

La cuestión se torna más compleja para algún entendimiento porque, antes de los diferimientos, estaba sin resolver un reclamo de los prestadores por los aranceles que paga el PAMI por las prestaciones, que permanecen congelados desde hace tres años mientras no dejan de aumentarse salarios, honorarios médicos e insumos.

 

ATE aseguró que en lo que va de la actual gestión no se compraron elementos de fisiatría (bastones, sillas, camas, colchones, entre otros), y se comenzó a aplicar el cobro ilegal “de plus y aranceles diferenciados” por algunas prestaciones.

 

La reunión entre Leguizamo y las cámaras que nuclean a las clínicas, sanatorios y hospitales privados (Adecra, Fecliba, Confeclisa, Salud Federal y Capres) no avanzó en nada, porque todo dependerá de lo que surja del encuentro del viernes próximo entre los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones.

 

Previamente, el jefe del Palacio de Hacienda estuvo con los técnicos de Lugones, quien amagó con renunciar, y repasaron los números, que no cierran, porque de los $ 8,85 billones presupuestados el año pasado, el 20% provino de Aportes del Tesoro Nacional ahora interrumpidos. (NA)