Los STJ de todo el país reafirmaron "principios éticos" de la función judicial

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó hoy su reafirmación de "los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad debe tener en sus jueces".

De esta forma, la entidad que representa a los magistrados de los máximos tribunales federales tomó posición frente al viaje que realizaron los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques y el fiscal porteño Juan Batista Mahiques, y el ministro de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro a la localidad rionegrina de Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

Luego de que se difundieran conversaciones de los implicados en un grupo de chat, en los cuales se coordinaba una versión falsa para justificar ese viaje, el gobierno nacional presentó esta semana una denuncia por incumplimiento de los deberes de Funcionario Público y Dádivas en el marco del vuelo a Lago Escondido

"La CIDH ha reiterado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico", señaló esta Junta a través de un comunicado.

Ante la filtración de esta conversaciones, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare solicitó que se profundice la investigación sobre los implicados en ese viaje, que fue realizado en octubre pasado por magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Además, solicitó a la Justicia Federal que los involucrados sean imputados por el delito de dádivas.

En función de ello, la Junta afirmó que "el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación".

"Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial", remarcó la Junta que representa a los jueces de las Cortes provinciales.

Por último, la entidad destacó "el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad".