El Gobierno de Mendoza, a través de una iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo, envió a la legislatura provincial un proyecto de ley que busca establecer el cobro por los rescates en alta montaña a las víctimas de accidentes. La propuesta, enviada el pasado 9 de abril, tiene como objetivo principal "disuadir la imprudencia o negligencia" y "promover el cumplimiento de las normas" en las actividades de alto riesgo.
El documento, que plantea una modificación en la Ley N° 6.722 -que regula el funcionamiento de las fuerzas policiales en la provincia-, incorporaría el artículo 26 bis. Este artículo le otorgaría al Ministerio de Seguridad la facultad legal de aplicar un cargo fijo por los costos derivados de los rescates realizados por la Policía y los cuerpos especiales.
Según el proyecto de ley firmado por Cornejo, la decisión de cobrar se definirá en función de diversos factores como los riesgos asumidos, el cumplimiento de los protocolos y normas legales, y la negligencia del caso.
El monto a cobrar se determinará anualmente, de acuerdo con la ley impositiva provincial. Para su cálculo, se tomarán en cuenta aspectos como la "cantidad de patrullas desplegadas, extensión del operativo, intervención de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y/o helicópteros, entre otros aspectos".
El proyecto de ley especifica que los fondos recaudados por este concepto serán destinados al Ministerio de Seguridad y Justicia, y al menos la mitad de ellos se utilizarán directamente para el fortalecimiento y operación de la UPRAM (Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña).
Concientización y responsabilidad
El texto de la iniciativa subraya que, al establecer este cargo, "se busca que las personas tomen conciencia de los riesgos y costos involucrados en las operaciones de rescate, incentivando un comportamiento más responsable en las actividades de alto riesgo, especialmente en las zonas de montaña”.
Las unidades especializadas en rescate en Mendoza incluyen los Cuerpos de Infantería, Montada, Canes, la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP).
Desde la cartera de Seguridad se aclaró que la iniciativa no busca cobrar por todos los operativos de rescate o búsqueda de personas. Se evaluará el despliegue realizado en cada procedimiento, y se considerarán factores como los riesgos asumidos por la persona, el cumplimiento de los protocolos de expedición y el uso o no de dispositivos de geolocalización o georreferenciación.
El gobierno provincial evitó brindar detalles sobre el costo promedio de los operativos de rescate, aunque enfatizó que el monto que se establezca no estará directamente vinculado al valor real de cada procedimiento. (NA)
