Nación va a la Corte contra la reforma de Morales en Jujuy

El ministro de Justicia, Martín Soria, presentará hoy ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura provincial.

 

Así lo confirmó ayer a la tarde la Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras una conversación que mantuvo con el propio Soria una vez concluida la habitual conferencia de prensa de los jueves que ofrece la funcionaria en Casa Rosada, y señaló que la medida se realizó por instrucción del presidente Alberto Fernández.

 

En diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, la portavoz manifestó que el mandatario "sigue muy de cerca la situación en Jujuy" y recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, "viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto".

 

"Entendemos también que hay denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está siguiendo muy de cerca la situación", agregó.

 

Y amplió: "Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador (Gerardo) Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional", algo que se confirmó minutos después.

 

"Con mucha preocupación seguimos esa situación y también con mucha preocupación vemos que la fuerza opositora, en lugar de preocuparse por la represión, premió al gobernador que llevó adelante la represión nombrándolo como candidato al vicepresidente", completó Cerruti en relación a la fórmula que compartirá con el actual jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

 

Sigue en pie además la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista de Jujuy, luego de que los legisladores de esa fuerza política apoyaran la reforma constitucional provincial, adelantaron otras fuentes de Gobierno.

 

Habeas corpus.

 

La Cámara Federal de Casación Penal le ordenó a la justicia federal de Jujuy que "intervenga en la protección de los pueblos indígenas y manifestantes que ejercen su derecho a la protesta sobre las rutas jujeñas", informó ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

"De esta manera exige que haya mecanismos de control sobre el despliegue e intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en rutas nacionales durante las protestas, para evitar que se siga con la represión policial", añadió la entidad humanitaria en su cuenta de Twitter.

 

La medida fue consecuencia de un habeas corpus que presentaron el CELS y la entidad Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) "por los numerosos hechos de represión en esa provincia luego de la sanción de la reforma constitucional", se explicó.

 

Antes Casación Penal declaró la competencia de la justicia federal de Jujuy para intervenir en el habeas corpus presentado por el CELS y Andhes.

 

Milagro Sala.

 

Por otra parte, efectivos policiales allanaron el jueves la casa de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en los últimos días en Jujuy, lo cual provocó repudios de diversas organizaciones y dirigentes políticos.

 

El procedimiento fue ordenado por el juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el objeto de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, dijeron allegados a Sala, quien cumple arresto domiciliario.

 

La medida se realizó con el apoyo de perros que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo -hasta el miércoles estuvo internado- y, según su familia, está "en sus últimos días".

 

Ante la sorpresiva medida, la referente de la organización Túpac Amaru solicitó de urgencia la presencia de sus abogados.

 

"El allanamiento fue irregular e ilegal porque no esperaron que llegue alguno de los abogados", contó Ariel Ruarte, uno de los letrados defensores de la dirigente social. (Télam)