“Necesitan respuestas urgentes”

Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios realizaron ayer un paro y una protesta frente al Ministerio de Salud de la Nación para manifestar la grave situación que atraviesa el sector ante los recortes en las pensiones y los atrasos en los pagos en el programa Incluir Salud.

 

“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad.

 

“Mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresó el Foro.

 

“Se presenta como una ley contra el fraude pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad. Siguen insistiendo con el relato de las pensiones truchas pero no muestran pruebas concretas que justifiquen esta reforma. Mientras ponen bajo sospecha a todo un colectivo, que ya viene siendo golpeado y maltratado hace mucho tiempo”, cuestionó Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis)

 

Y agregó: “Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Es lo que establece el valor de las prestaciones que brindan las instituciones y asociaciones en todo el país. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”.

 

Nomenclador.

 

Según publicó Tiempo Argentino, uno de los puntos que más preocupa es desarmar el Nomenclador nacional. Hace dos años, en mayo de 2024, circuló el borrador de un proyecto de decreto que apuntaba a destruir el Nomenclador.

 

“El Nomenclador de alguna manera emparda esa desigualdad, compensa. El CUD (Certificado Único de Discapacidad) hace que se acceda, y el Nomenclador hace que haya profesionales para esas terapias. Con el Nomenclador mercantilizado lo que sabemos es que va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado”, decía por entonces Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión.

 

En aquella oportunidad, el descontento social frenó el avance de aquel decreto, cuyo mismo objetivo ahora avanza en forma de proyecto de ley impulsado por el propio presidente Milei.

 

Proyecto.

 

La iniciativa del Gobierno obligará a los beneficiarios a reempadronarse de forma obligatoria, debiendo acreditar una vez más su condición médica, la situación económica y su antecedente laboral. En caso de no hacerlo, se les suspenderá el pago de forma automática.

 

Además, definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal. Y propone cambios en el nomenclador que actualiza los aranceles.

 

Al respecto, el Foro manifestó "el rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que propone modificaciones en las normativas vinculadas a las personas con discapacidad. Se cuestiona especialmente la afirmación de que el otorgamiento de pensiones habría sido fraudulento, sin la presentación de pruebas fehacientes".