Peligro para el Atuel: Mendoza adhirió al RIGI

El Senado de Mendoza ratificó hoy el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la provincia se sumará a la estrategia nacional que pretende la reactivación de proyectos económicos con la posible llegada de inversiones con sumas mayores a los U$S 200 millones, que tendrán beneficios impositivos de índole nacional.

El proyecto de ratificación a los artículos de la ley Bases votada en el Congreso, ya había obtenido la semana pasada despacho favorable en comisiones; y hoy se aprobó en el recinto de la Cámara Alta. La votación dio como resultado 24 votos a favor y 14 en contra (todo el PJ y parte de LUM se pronunciaron en contra). En paralelo, hubo también un reclamo de antimineros en la puerta de la Legislatura, quienes aseguran que la aprobación del RIGI en Mendoza será la “puerta de ingreso” de las grandes empresas mineras, particularmente las metalíferas; y también sostienen que “está en juego la ley 7.722".

En defensa de la ley.

Según difundió Los Andes, el oficialismo, a través de la vicegobernadora Hebe Casado, consideró que la aprobación del RIGI genera “una oportunidad de desarrollo para la provincia”.

Y agregó: “No queremos que nos pase como la provincia de Buenos Aires, que por no adherir perdió una inversión de U$S 30.000 millones, que sabemos lo que significa tanto para aquellas personas que no tienen trabajo como aquellas pymes que trabajan como prestadoras de servicios que vengan este tipo de inversiones, así que con este proyecto aprobado lo que determinamos es que la provincia los espera a todas estas inversiones con los brazos abiertos”.

También lanzó una crítica a la oposición que votó en contra, al sostener que “los que se oponen al desarrollo son siempre los mismos, los que ponen palos en la rueda son los mismos y pareciera que no quieren que la provincia crezca y se desarrolle”.

Desde el radicalismo, la senadora Ángela Floridia, destacó la “importancia” de este régimen para “proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a los inversores en áreas como la infraestructura industrial, minera y tecnológica”.

Voces en contra.

Por su parte, el senador peronista Gerardo Vaquer sostuvo que el RIGI “es una grave amenaza para los derechos y recursos de los mendocinos”. Para el legislador, el régimen “pone en riesgo nuestra soberanía sobre los recursos naturales y las leyes que hemos construido para protegerlos” y que la medida “podría invalidar normativas locales como la Ley 7.722, que resguarda el agua y nuestro futuro”.

En sintonía con lo que planteó el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, Vaquer afirmó que “el RIGI abriría la puerta a proyectos que, bajo el amparo del ‘interés nacional’ podrían devastar el medio ambiente y comprometer la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones”, marcó.

En tanto, la jefa de bloque del PJ, Adriana Cano, sostuvo que las inversiones “serían buenas siempre y cuando se hagan en un marco legal que garantice mucho más protección y no tanta competencia desleal a las pymes locales, a nuestra industria madre, que es la vitivinicultura, e incluso donde hayan también inversiones para los que nosotros entendemos que son los grandes desfavorecidas como son los productores”.

Y agregó que el RIGI conlleva “un sinfín de permisos, autorizaciones, más quitas de tarifas tanto por exportación como por importación a grandes capitales extranjeros, que son los que van a traer y volverá a la economía primaria en Mendoza, que significa que no se industrializará absolutamente nada en la provincia, con recursos naturales de la provincia”.

Por último, desde el bloque del PJ en un comunicado aseguraron que “Cornejo se empeña en regalarnos” y que “éste es un modelo perverso”. “Volveremos a ser un país saqueado y no industrializado. Nuestro voto es negativo al régimen RIGI en defensa y protección de los recursos naturales, la industria y la soberanía nacional para las futuras generaciones”.

Postura pampeana.

Hoy por la mañana, el gobernador Ziliotto manifestó su preocupación por la adhesión de la provincia cuyana al RIGI. “Es un texto que nos pone en alerta, como mínimo soslaya, y no sé si avasalla, las competencias provinciales en la disposición libre de nuestros recursos naturales… Se está planteando que deroga lo que es la ley que prohíbe en Mendoza la minería a cielo abierto, la famosa ley 7.722, que tanta lucha han llevado adelante organizaciones civiles de esa provincia”, advirtió el mandatario en el anuncio de la denuncia que presentará La Pampa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recuperar el río Atuel.