Presupuesto: jueces pagarían Ganancias a partir del 2023

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados consiguió ayer emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de bloques provinciales, sobre el proyecto de Presupuesto 2023, al que se le incorporaron reformas como la obligación de los miembros de la Justicia de pagar Ganancias, aumentos de los subsidios del transporte del interior del país y de las partidas educativas sociales.

La iniciativa se discutirá el 25 de octubre en una sesión especial prevista para las 12.30, solicitada por el Frente de Todos, y que se estima se extenderá por 20 o 22 horas, para luego enviarse al Senado donde se aguarda que se convierta en ley antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

El despacho que se debatirá en el recinto de sesiones fue firmado por el Frente de Todos, Provincias Unidas y el Interbloque Federal con disidencias parciales, mientras que Juntos por el Cambio pidió unas horas para poder evaluar todos los cambios incluidos. De todos modos, el grueso de JXC y en especial los radicales están inclinados a aprobar en general.

Modificaciones.

El proyecto incorporó más de una treintena de modificaciones que fueron planteadas en forma transversal por diputados del oficialismo y la oposición, como el transporte de pasajeros y los aumentos a la educación, y otras como ganancias y las becas Progresar, asignaciones familiares y gastos que surgieron desde las filas del FDT.

Al respecto, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, destacó la "enorme predisposición" del oficialismo para alcanzar acuerdos y señaló que "es un dictamen que puede ser firmado por todos, aunque con disidencias".

De todos modos, uno los temas que mayor impacto tuvo fue la decisión del oficialismo de eliminar la exención que tienen jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, y la inclusión de una cláusula para revisar el Presupuesto si se modifican las variables macroeconómicas

Ganancias.

El oficialismo decidió incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La solicitud fue realizada por uno de los secretarios de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de gastos tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales".

"Cuando uno mira en detalle el presupuesto se encuentra con un rubro, que es importante, controvertido, a lo largo de los años, y que creo que hay que modificar en esta oportunidad", lanzó el entrerriano como introducción.

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año pagaran Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta ese impuesto de sus haberes.

Poder Judicial.

El artículo incorporado ahora fija que "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".

El diputado oficialista dijo que en 2022 el Estado no recaudará "129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones". En relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos.

"Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan", agregó.

Casaretto señaló que quienes "tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial", en referencia al argumento de los magistrados para que sus ingresos no se vean depreciados, dado que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada.

Incorporan fondos para La Pampa.

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) destacó la incorporación en el proyecto de Presupuesto 2023 de obras para La Pampa. A su vez, resaltó que se pudo agregar un artículo para facultar a la Jefatura de Gabinete a cumplir con el pago del juicio por coparticipación.

El legislador pampeano celebró que "en la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitimos dictamen de mayoría para el Presupuesto 2023". En esa línea, indicó que "fruto del trabajo en equipo con el Gobierno de La Pampa se han incluido más obras" para la provincia, fondos para la Universidad Nacional de La Pampa, "actualización de déficit previsional, aumento de fondos para asignaciones, becas, incentivo docente, barrios populares, infraestructura y equipamiento para educación, aumento de fondos para transporte del interior, impuesto a las ganancias para jueces e incremento para bosques nativos".

El diputado Pérez Araujo difundió la información con un mensaje hacia Juntos por el Cambio. "Esperamos que esta vez la oposición tenga la responsabilidad de acompañar un Presupuesto que beneficia claramente a nuestra Provincia", afirmó en alusión a lo que ocurrió con el presupuesto para el corriente año.

Coparticipación.

Por otro lado, en las incorporaciones también se facultó a Nación "a pagarnos el juicio por coparticipación". El escrito señala lo siguiente: "Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros, a disponer las acciones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones de liquidación de la condena judicial firme a favor de la provincia de La Pampa, conforme a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: 'La Pampa, provincia c/ Estado nacional (Poder Ejecutivo Ministerio de Economía de la Nación) s/acción de inconstitucionalidad- CSJ 933/2007 (43-L)/CS1', a través de acuerdos de pago y/o compensaciones y su correspondiente previsión presupuestaria".

Historia.

Es preciso recordar que en 2007 el entonces gobernador Carlos Verna inició una demanda contra el Decreto 1399/01 que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia, en miras a reordenar y dotar de financiamiento a la AFIP. En 2018 la Corte Suprema de Justicia dio la razón a La Pampa y resolvió "condenar al Estado Nacional a pagar a la Provincia de La Pampa, con los alcances establecidos, la suma que resulte del cálculo de las cantidades detraídas en virtud del decreto 1399/01, con más los intereses según la legislación que resulte aplicable".

En 2018 la Corte Suprema falló e intimó a que Nación y la provincia se sentaran a dialogar en un plazo de 120 días para que se acuerde la liquidación final. "Ese plazo venció y el gobierno anterior no nos llevó al acuerdo, entonces nosotros presentamos una planilla de liquidación impugnada que fue impugnada por el gobierno", explicó en su momento la fiscal de Estado, Romina Schmidt. De acuerdo a la explicación de la funcionaria, el máximo tribunal del país debe resolver si hace o no lugar a esa impugnación para que la provincia pueda acceder al monto ganado en el juicio. De acuerdo a la información difundida desde Casa de Gobierno, la deuda asciende a 2.145 millones de pesos si se toman los valores históricos.

Con información de Télam