Reabren una causa por una bomba en 1976 y citan a Firmenich

La Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó este jueves la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976. Además, los jueces ordenaron citar al exjefe de la organización Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria, de acuerdo al fallo al que accedió elDiarioAR. Los jueces sostuvieron que la agrupación se adjudicó públicamente la comisión del atentado.

La decisión es un giro en torno a las causas de crímenes cometidos por las organizaciones armadas en los años 70, que pese a los intentos de reapertura de familiares de las víctimas y organizaciones de abogados han sido cerradas por los jueces. La Justicia hasta el momento sostuvo que los delitos estaban prescriptos por tratarse de crímenes comunes. El fallo de este jueves, sin embargo, plantea que este caso tiene características especiales que lo diferencian de otros, explicó una fuente judicial con acceso al caso.

Montoneros, sostiene el escrito de los jueces, se atribuyó públicamente el hecho. Se sostuvo entonces que en el edificio del comedor funcionaba un centro clandestino de detención. La dictadura operó sobre los sospechosos de colocar la bomba y ordenar el atentado con sus métodos ilegales y violatorios de los derechos humanos: el secuestro, la tortura y el asesinato.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens decidieron tras más de un año de análisis del caso declarar el hecho sucedido en el comedor como una “grave violación a los derechos humanos”, debido a que la Justicia no investigó los hechos durante la dictadura militar y no esclareció lo acontecido a las familias de los fallecidos, sostiene el fallo, en base al análisis del expediente judicial de 1976. 

La causa estaba cerrada por orden de la jueza federal María Servini, quien sobreseyó a todos los denunciados por la bomba colocada en el comedor de la Federal por considerar extinguida la acción penal, debido al paso del tiempo. Sin embargo, al calificarlo como una “grave violación a los derechos humanos” por denegación de Justicia, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal determinaron que el hecho no está prescripto.