Un proyecto para regular la eutanasia

Con su flamante ley de eutanasia, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en avanzar en esta regulación. Ahora, desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) elevaron un proyecto de Ley de Regulación de la Eutanasia en Argentina, que comenzaría a discutirse apenas se abra el periodo de sesiones ordinarias en 2026.

 

Actualmente, en Argentina está vigente la Ley 26.742, modificatoria de la Ley 26.529 sobre los derechos del paciente y reguloria de una “muerte digna”, que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos y decidir si desean permitir que evolucione una enfermedad, aunque provoque la muerte.

 

El nuevo proyecto de eutanasia, presentado por el mendocino Lisandro Nieri, y firmado por cinco pares de su bloque, retoma una antigua iniciativa del radicalismo sobre una ley que permita "garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles".

 

El texto garantiza una opción de revocar la decisión en cualquier momento y la cobertura integral por parte del sistema de salud público y privado, y también establece sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a esta práctica.

 

Detalles del proyecto.

 

El texto de Nieri ingresó esta semana al Congreso, acompañado por las firmas de Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz. Según la iniciativa, toda persona adulta podrá pedir prestación de ayuda para morir mediante dos solicitudes voluntarias y por escrito, separadas por un mínimo de 15 días. El proyecto exige consentimiento informado, posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento y la intervención de una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada jurisdicción que deberá revisar la historia clínica, entrevistar al solicitante y emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días.

 

Si hay dictamen favorable, la prestación debe concretarse en un máximo de diez días, ya sea por administración directa de un profesional o mediante autoadministración supervisada.

 

La iniciativa incorpora los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal. El primero excluye de responsabilidad penal a los profesionales que actúen según los procedimientos legales, y el segundo sanciona a quienes dilaten, obstaculicen o nieguen injustificadamente el acceso a la práctica. También habilita la objeción de conciencia individual del personal sanitario, siempre que sea informada previamente y por escrito. Si todo un establecimiento objeta, deberá garantizar la derivación a otra institución y cubrir los costos del traslado. En todos los casos, la muerte provocada por estos procedimientos será considerada legalmente como muerte natural.

 

Derechos, garantías y acceso gratuito

 

El proyecto define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico, o bajo sus órdenes, luego de verificar requisitos legales y éticos. También reconoce este derecho para personas mayores de 16 años y para quienes tengan capacidad restringida, con salvaguardas adicionales.

 

El sistema de salud, tanto público como privado, tendrá la obligación de garantizar la prestación de manera gratuita, cubriendo todos los costos vinculados al proceso. “La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”, explica Nieri.

 

Uruguay, pionero.

 

El legislador mendocino toma como referencia modelos de Uruguay, primer país de América Hispana que legalizó la eutanasia, el 15 de octubre pasado, Canadá y España. También se apoya en precedentes judiciales argentinos, como los casos Bahamondez (1993), Albarracini Nieves (2012) y M.A.D. (2021), que reconocieron la autonomía del paciente en el final de su vida.

 

Según las estimaciones radicales, el proyecto comenzaría a evaluaser en comisiones durante las próximas semanas. Desde la UCR adelantaron que buscarán consensos con otros bloques para habilitar el debate parlamentario de una discusión que promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda legislativa sobre salud y derechos individuales en este fin de año.