Universidades enfrentan el nivel más bajo de financiación

Las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación desde hace más de un cuarto de siglo como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del presidente, Javier Milei, de prorrogar el presupuesto 2023 para el sector pese a que la inflación interanual se situó en marzo por sobre el 270%.

 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó, utilizando los datos surgidos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año y llegó a la conclusión que sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en 27 años.

 

Además, en su informe ACIJ destacó que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024 reflejó una reducción del 34% frente al mismo período de 2023, y que se registró una caída interanual aún más pronunciada que el promedio del gasto público nacional.

 

Esta situación provocó que la comunidad educativa y gremial de las universidades decidieran llevar a cabo el próximo 23 de abril una “gran marcha” de protesta a la Plaza de Mayo, una medida de acción que tendrá el respaldo de la CGT. “Porque la verdadera libertad está en la educación”, expresaron en la convocatoria hecha pública esta semana el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

 

Presupuesto.

 

“El presupuesto universitario es 90% salarios y 10% de gastos de funcionamiento de los edificios y el sostenimiento de los hospitales. Tenemos un tercio del presupuesto que necesitamos. Esto echa un manto de incertidumbre sobre el segundo cuatrimestre”, declaró Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en declaraciones a la radio La Patriada.

 

En el Congreso Nacional, la diputada nacional por el radicalismo Danya Tavela presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en el ámbito universitario y establecer parámetros de actualización de fondos de funcionamiento de las instituciones de educación superior. La iniciativa legislativa, que recibió el respaldo de los rectores agrupados en el CIN, establece una fórmula objetiva de actualización bimestral de fondos de funcionamiento tomando en cuenta el índice de inflación y el aumento promedio de las tarifas de los servicios públicos. En los último días, las autoridades de distintas universidades advirtieron que les habían llegado facturas de energía eléctrica, gas y agua potable con un valor tres veces superior al resumen anterior.

 

Caída.

 

ACIJ, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en el país, señaló que el presupuesto destinado a las 55 universidades nacionales está compuesto por distintas partidas, aunque la principal es “Desarrollo de la Educación Superior”, que equivale a más del 90% del gasto total.

 

La prórroga del presupuesto del año último provocó una caída del 72% en términos reales para este ítem de partidas. “De no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa”, sostuvo el documento de ACIJ.

 

Semanas atrás, el Ministerio de Capital Humano intentó disminuir las consecuencias de su decisión presupuestaria al anunciar un aumento de 70% las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque el monto sólo representó un incremento del 2% en el gasto vigente en comparación con el presupuesto inicial.

 

ACIJ detalló que durante el primer trimestre de 2024, la Nación ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo lapso de 2023. Pero, indicó, la reducción en las políticas universitarias fue todavía más amplia, porque alcanzó el 34,4%. (ElDiarioAr)