Quieren que Peñalva vuelva a la cárcel

Dudas.
El resultado del proceso judicial empezó a configurarse en el momento en que la fiscal de Cámara, Susana Alvarez, desistió de las acusaciones que pesaban sobre cuatro de los seis procesados. Los beneficiados por las dudas de la fiscal fueron Mirta Isabel Rodríguez y Walter García -los ex responsables del área contable del IPAV, ambos acusados de "malversación culposa"-, y Darío Barrasa y Víctor Hugo Quaglino, del entorno de Flavia Peñalva e imputados como partícipes secundarios.
La fiscal Alvarez descargó el grueso de la acusación contra Flavia Peñalva, a quien señaló como autora material y penalmente responsable de los delitos de defraudación contra la Administración Pública, adulteración de documentos público y privado, y falsificación de moneda, los mismos delitos con los que llegó procesada a este juicio oral. Para la fiscal, quedó debidamente probado que Peñalva desarrolló durante cinco años un ardid que consistió en emitir cheques confirmas adulterada, los que luego cobró por ventanilla o depositó en su cuenta bancaria o en las de sus familiares, y para consumar la maniobra, alteró los resúmenes de cuenta que emitió el Banco de La Pampa y el Libro Banco que lleva el IPAV. La fiscal cuantificó la estafa en 624.000 pesos, que salieron del IPAV a través de 268 cheques.
La fiscal no creyó en el argumento de Peñalva de que el dinero era para saldar deudas de juego de su padre o para la "caja chica" del IPAV; mencionó que entre los destinos hubo albañiles y varias casas de ropa donde la joven adquiría vestimenta. En su alegato recordó que la joven tenía un muy buen nivel de vida -que sus compañeros de oficina adjudicaban a los ingresos de su esposo, Fernando Gutiérrez- y que en su carácter simpático y agradable era muy propensa a regalar prendas que tenían poco uso.
Para Alvarez, la confianza que se ganó Peñalva entre sus compañeros de oficina y sus superiores fue un hecho clave para consumar la estafa, porque nadie de su entorno habría de sospechar que ella fuera quien estaba tejiendo esa maniobra. También los cajeros del Banco de La Pampa, que pagaban los cheques que ella llevaba sólo porque estaban en sus manos, fueron partícipes de la maniobra al pagar cheques sin detenerse a mirar si las firmas o sellos eran las que correspondían.

Lágrimas.
A la hora de solicitar una condena, la fiscal pidió 3 años y 8 meses, una pena que significaría para la joven volver a la cárcel. Para su hermana Marta Mariana pidió 3 años de efectivo cumplimiento. A los cuatros restantes, la absolución por el beneficio de la duda. En el caso de Darío Barrasa y Víctor Quaglino, por tratarse de personas del entorno de Peñalva que prestaron sus cuentas bancarias "para ayudar" a la joven, sin ser conscientes de la maniobra en que quedaban involucrados. Con García y Rodríguez confió en su argumento de que después de 10 años de trabajo en equipo y con el cúmulo de tareas que había en esa oficina, habían depositado una confianza en ella que no les permitió visualizar lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. La primera reacción de los cuatro cuando escucharon la palabra "absolución" fueron las lágrimas. Algunos pudieron contenerlas rápido, otros no.
Al no haber una petición fiscal de aplicar condena, la Cámara no puede invadir su jurisdicción y está obligada a acatar el pedido. Esto significa que los cuatro ya tienen el veredicto exculpatorio asegurado, aún cuando falta una semana para la lectura de la sentencia. Esto ocurrirá el miércoles 21 al mediodía.

Una emotiva intervención
Al igual que lo había hecho cuando habló ante los jueces, Flavia Peñalva volvió a reconocer su responsabilidad en parte de la defraudación. Ayer lo hizo a través de su abogada, Vanesa Ranocchia Ongaro, quien en su alegato reclamó enfáticamente que la pena que se le aplique no represente volver a prisión. La abogada le dio un fuerte componente emotivo al último tramo de su intervención. Fue cuando dijo que la joven ya pagó, y con creces, sus culpas. Lo hizo, dijo, con la repercusión social y periodística del tema pero más que nada al obligar a su hijo Juan Manuel a pasar su primer año de vida adentro de una celda. La defensora reiteró que Flavia colaboró activamente y ayudó a dilucidar la maniobra. Y que reconoció su “error” al haberse quedado con dinero del IPAV. Pero no con todo lo que se le adjudica. Peñalva se hizo cargo de 151 cheques que sumaron unos 300.000 pesos. Del resto, tomó distancia. De hecho, Ranocchia Ongaro argumentó en detalle por qué no pueden imputarse los restantes cheques a su defendida.
Otro alegato de ayer fue el de José Mario Aguerrido, patrocinante de Mirta Rodríguez. Aguerrido saludó que la fiscalía pidiera la absolución de su defendida pero cuestionó que lo hiciera por las dudas sobrevinientes y no porque –tal como planteó–no existen argumentos en su contra. Aguerrido dedicó un párrafo al rol del Banco de La Pampa que pagó cheques que, a todas luces, no podían pagarse. Según señaló, los cheques que no cumplían con las formas sumaron más de 400.000 pesos. “El Banco de La Pampa no cumplió con su obligación de cuidar los fondos que sus clientes le confiaron para que resguarde”, reflexionó el profesional, quien se preguntó por qué la jueza de instrucción Verónica Fantini no ordenó una investigación de esta situación. Por ello, Aguerrido solicitó a la Cámara 1 que le de vista al fiscal de turno sobre estos elementos para que se inicie, si corresponde, una penal focalizada en esta conducta.