El fiscal pidió la destitución de Peres

Mario Bongianino acusó al presidente y al vocal del Tribunal de Cuentas de mal desempeño y comparó la estrategia defensiva de echarle la culpa a los empleados con alguien que se emborracha para delinquir para eludir su responsabilidad.
El procurador dijo en su extensa acusación que las autoridades del Tribunal de Cuentas actuaron con premeditación al "predisponer un escenario" donde se cometía el delito de no controlar las cuentas del IPAV con el convencimiento de que esa conducta quedaría impune porque "la culpa iba a ser del empleado que no controlaba". Ese escenario, añadió, tenía como actor a un relator poco capacitado, con instrucciones solo de controlar que los saldos de la última columna de una rendición diaria coincidieran con la primera de la siguiente. De esta forma firmaban las sentencias sabiendo que no se controlaba porque la responsable de todo era la relatora.
La cuarta jornada del jury no fue la última como se pensaba. El tribunal, presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Victor Menéndez integrada además por los diputados Patricia Lavin (PJ) y Martín Berhongaray (UCR-Frepam) y los abogados de la matrícula, Marina Vanini y Emil Marcos Koncurat, anunció ayer, al término de los alegatos del Procurador y los abogados defensores, Cesar Rodríguez -por Natalio Peres- y Carlos Chapalcaz y Pablo Langlois -por Rubén Rivero- que dará su veredicto el domingo a las 9 de la mañana.

 

Sin sospecha.
El procurador había iniciado su acusación enumerando las irregularidades cometidas por la cúpula del IPAV al no controlar nunca la cuenta recaudadora principal del IPAV, la 10313, de la que tenían conocimiento al ser informados por la Contaduría de los números y los saldos de todas las cuentas oficiales en la Cuenta de Inversión que se le elevaba al Tribunal de Cuentas con cada año presupuestario ejecutado.
"Ni el presidente ni el vocal auditaron jamás al IPAV" en esos cinco años pese a que "era público y notorio que algo sucedía allí" donde había causas penales en trámite, noticias en los diarios que hablaban de enriquecimiento ilícito y un estado de opinión generalizado en la ciudadanía de sospecha hacia los funcionarios del IPAV. Los únicos que no sospechaban de nada, eran justamente los que tenían que controlar. Recordó que, contrastando con esta inacción de las actuales autoridades del TdeC, el testigo Agustín Hernández, ex presidente del TdeC, actuó distinto en un caso similar había hecho auditorías, entre otras, a un organismo descentralizado como la DAFAS.

 

Control ficticio.
Para el procurador está claro que en esos años, entres 1999 y 2003, se produjo un "control ficticio" de las cuentas del Instituto de la Vivienda. Porque, pese a que la cuenta recaudadora 10313 no eran rendida, la cuenta pagadora 11314 -de donde salían los pagos que iban a parar a "gastos de inspección"-, sí era rendida y aprobada sin observaciones y de allí surgían indicios fehacientes de que los números no estaban bien.
De esta forma, durante cinco años, el IPAV pedía por nota cheques al Banco Hipotecario y nunca se los detectó. De la misma forma, durante cinco años uno de los "ingresos típicos" del IPAV, el 2% retenido sobre todas las certificaciones pagadas a las empresas, fue invisible para el órgano de control. Pese a que estos movimientos eran rendidos en los libros de banco que llegaban a manos de Peres y Rivero y se delataban a sí mismos como atípicas cifras redondas, nunca despertaron las sospechas.

 

Fuegos de artificio
Advirtió luego que la defensa y sus testigos, empleados y funcionarios del Tribunal de Cuentas pintaron un panorama ideal de cómo deberían ser las cosas en el organismo, pero la realidad es otra y es que las cosas pasaban sin control. Puso como ejemplo la obligación de rendir diariamente que no se cumplían con el IPAV o la inutilidad de las publicitadas normas ISO 9000 que, de acuerdo a la propia testigo de la defensa Marcela Berges, encargada de ese programa en el TdeC, no mejoró en nada el sistema por el cual si un relator controla mal, las sentencias salen firmadas igual por el presidente. Las ISO en el TdeC parecen "juegos de artificio para entretener no sé a quién", expresó el procurador.
"¿Cómo nunca se preguntaron por la plata del IPAV?" se preguntó luego Bongianino. "Sesenta meses, un lustro, es un tiempo largo" y nunca se dieron cuenta que "el IPAV estaba haciendo gastos sin tener ingresos". Contrastó esta estolidez del TdeC con Contaduría que hizo una auditoría y descubrió la punta del ovillo, pero el TdeC no hizo nada y ahora intenta culpar a la Contaduría por no avisarle de la auditoría.

 

Como un borracho.
Con estos argumentos, Bongianino consideró probado el dolo en el que incurren los responsables de la sala Peres y Rivero al tener conocimiento de la existencia de cuentas que no controlaban y de gastos que corrían misma suerte. "Ya no podemos decir que una simple relatora es la responsable", añadió, se han "afectado los intereses de la sociedad" y procede la remoción de los funcionarios que así obraron. Porque, añadió, "si la relatora es la responsable, correspondería que fuera ella la que tuviera los fueros y no el presidente y el vocal del TdeC" y "los honorarios o salario del presidente lo tendría que cobrar la relatora", ironizó.
Concluyó entonces que "la responsabilidad política es indelegable" y que se puede encuadrar la conducta de los funcionarios en una combinación de causales, como "incumplimiento de los deberes" y como "mal desempeño", pues la constitución y la ley les ordenan fiscalizar la renta publica y no lo hicieron.
Esto fue posible, añadió, porque se montó "un escenario para que sucediera lo que sucedió". Se ponía a los relatores más calificados a controlar comisiones de fomento cuyo presupuesto es ínfimo en relación a los fondos que maneja el IPAV y en el IPAV controlaban los menos calificados . De esta forma las autoridades del IPAV creían en su propia impunidad al descargar, ante el descontrol, toda la responsabilidad en una empleada. Se actuó así, dijo, como el que se emborracha para delinquir y aducir irresponsabilidad, pero en este caso "no tenemos personas con la consciencia disminuída". Con estos argumento pidió la remoción de ambos funcionarios.

 

Lo mismo.
Las defensas no innovaron respecto a lo que ya se les había oído el primer día del jury, el defensor de Peres, insistió sobre la irresponsabiildad de su defendido y en descargar las culpas sobre sus empleados subordinados y la Contaduría. En relación a esta última dijo que incumple la constitución que le da autonomía al obedecer a un decreto que la ata al Ministerio de Economía. No advirtió, tal vez el defensor, que al usar este argumento destruía además el suyo propio al basar su defensa en una lectura particular del decreto 503/69 respecto a las obligaciones del presidente del Tribunal de Cuentas y no querer ver que la Constitución le da la responsabilidad politica indelegable de "fiscalizar la percepción e inversión de la renta pública".

 

"¿Hay que sospechar?"
Rivero, por su parte, en boca de uno de sus defensores, Pablo Langlois, insistió en que su defendido estaba sentado en el banquillo acusado por "violación de los deberes de funcionario" de acuerdo al artículo 248 del Codigo Penal que fija que reprime con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble de tiempo al "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". Rivero "marcó su conducta a la ley", afirmó el abogado recordando que la ley le manda a dictar sentencia cuando recibe las rendiciones sin observaciones. Dijo que en los cinco años que se investigan Rivero dictó más de 19.000 sentencias lo que, a su juicio, es de cumplimiento imposible revisar cada una de ellas. Es irrazonable, dijo, "asignarle tareas que no le corresponden".
Luego, en la parte más floja de su argumentación justificó la pasiva actitud interna del TdeC ante las irregularidades preguntándose si por una cuenta no rendida, "Peres y Rivero tenían que salir a cazar brujas dentro del Tribunal de Cuentas". De la misma forma, y tratando de justificar la falta de control preguntó si cuando se miran las rendiciones "¿hay que pensar que los funcionarios que rinden al TdeC quieren burlar al estado?". Aunque esperaba una respuesta negativa, en la sala, la mayoría parecía pensar que sí, que en La Pampa, quien controla debe tener esa actitud que el TdeC confiesa que no tiene.

 

Rivero habló y pidió delimitar funciones
"Como funcionario técnico, digo que sería importante acordar claramente quién debe realizar los controles internos y quién los controles externos. Las auditorías las tiene que realizar la Contaduría mientras que el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar". Estas palabras del vocal Rubén Rivero fueron dichas ayer al finalizar el debate oral del jury que el domingo a las 9 de la mañana leerá la sentencia sobre los acusados. Rivero, invitado por el presidente del jury, Víctor Menéndez, a ejercer su derecho a hablar, y cuando todos pensaban que se mantendría en silencio, habló. Aunque las palabras que dijo no fueron inocentes, -pues insisten en que el TdeC no debe hacer auditorías cuando es una de sus funciones específicas para poder cumplir con el mandato constitucional de fiscalizar la percepción e inversión de la renta pública-, Rivero marcó con ellas una nueva diferencia con el presidente del cuerpo, Natalio Peres, acusado también por el jurado, pero que se mantuvo ausente y a través de su defensor solo parecía preocupado en salvar su ropa desparramando culpas a diestra y siniestra. Rivero, en cambio pareció admitir así que, más allá de sus argumentos de defensa y del resultado del jury, subsiste un problema que determinó el descontrol de las cuentas del IPAV. Entre tanta negligencia vista en el comportamiento del Tribunal de Cuentas durante el jury, no dejó de ser un rasgo de autocrítica