El nuevo calculista tiene poca experiencia

La oposición cuestionó duramente en la Legislatura que el nuevo calculista contratado por Inarco S.A., y presentado como titular de cátedra en la UBA en realidad sólo habría sido auxiliar docente y El proyecto del Ejecutivo provincial, tratado en la Legislatura en la sesión de esta semana, fue duramente criticado por la oposición, que votó en contra de otorgarle a la empresa Inarco S.A., un nuevo plazo para concluir con el megaestadio. Claudia Giorgis (Frepam) sostuvo que "esta ley no es necesaria, porque todo está contemplado en la Ley de Obras Públicas".
"Es decir, es el Ejecutivo Provincial el que debe resolver ante cualquiera de las situaciones planteadas en lo que se refiere a plazos de construcción, otorgamiento de adicionales y responsabilidades. El único supuesto que entiendo no estaría contemplado, es que a Inarco se le iba a romper el techo cuando lo estaba colocando", agregó.
De todos modos analizó que "la ley que el Justicialismo sancionó ayer no es inocua, tiene la intención de compartir culpas y licuar responsabilidades".

40 millones.
En este sentido y luego de analizar el expediente del megaestadio, conformado por 38 cuerpos, señaló que surgen dudas en cuanto a cuál será el costo definitivo de esta obra, y se preguntó qué resigna la empresa tras semejante error. "Por lo pronto y en función de lo que vimos no coincidimos con que no habrá mayores erogaciones para el Estado Provincial, en tanto, se licitó en casi $ 30.000.000 en agosto 2006 y ya tenemos un costo cierto de $ 40 millones, producto de adicionales y redeterminaciones. A todo ello debemos agregar que la empresa solicitó más adicionales, recibiendo como respuesta de parte de la Comisión de Obras Públicas, que esa solicitud se analizará mas adelante, y por eso no sabemos cuál será el costo final".

Recorrida.
Después de recorrer la obra del megaestadio junto a otros diputados, Giorgis volvió a expresar sus dudas porque "la nueva estructura del techo, cuando esté completamente terminada va a tener un peso de 1000 toneladas contra las 320 del original. El peso del edificio se transmite por medio de vigas y columnas a los pilotes ya construidos en el subsuelo y en esta nueva etapa la empresa no consideró necesario agregar más pilotes para distribuir el peso adicional". Pidió que los cálculos de las bases que realiza un ingeniero contratado por Inarco sean controlados por el Estado "con un dictamen externo sobre el mismo, dada la importancia gravitante que tiene".
Razonó que la Provincia "debe contar con su propio cálculo económico y técnico. Luego de los 'errores' cometidos por la empresa, es necesario que el Estado cuente con el respaldo técnico elaborado por un calculista contratado por el mismo. No podemos nuevamente caer en la 'confianza', obligar a los pampeanos a creer que ahora si va a estar bien". Reiteró que el Gobierno debe controlar contratando un profesional externo, porque "acá no están en juego sólo aspectos jurídicos y de malgasto de dinero, sino fundamentalmente la seguridad de las personas por las que el Estado Provincial tiene la responsabilidad de velar".
Finalizó diciendo que "en el megaestadio debemos asegurarnos que en un futuro no nos digan que 'le erraron por tres canchas' y encima tengamos que lamentar víctimas. El momento del control es hoy", concluyó.

Otras opiniones.
"La obra tuvo varios incumplimientos respecto a la ley de obra pública, y va a costar más de lo presupuestado. Aquí hubo incumplimiento de funcionarios y el Frepam no va a ser cómplice de estos errores a la hora de votar la ley. No hay nada que certifique que la obra va a ser terminada con el nuevo plan de trabajo y no sabemos si la empresa está en condiciones de abordar estos gastos ya que nada figura en los expedientes", dijo Adrián Peppino, miembro informante del Frepam.
Por su parte Juan Carlos Scovenna (Coalición Cívica) no acordó con Peppino cuando dice que el Poder Ejecutivo "es rehén de la empresa. Es el Poder Ejecutivo quien debe tomar una decisión. La Cámara de Diputados tiene que hacer hoy de Ejecutivo con esta obra, y en realidad esta es una cuestión que los diputados no tenemos que avalar. El Poder Ejecutivo ha mentido, esto esta dentro de la ley de obra publica y por ahí se debe resolver", consideró.
Y agregó: "Nosotros estamos para legislar sobre las bases de la constitución de la provincia de La Pampa, no para cuando el Ejecutivo no sabe como resolver una cuestión. Lo de la empresa es una irresponsabilidad suprema porque se trata de un techo que se puede venir abajo con 5000 personas adentro. Entonces quiere decir que no había ni capacidad ni solvencia técnica en la empresa".