Grave: ni una mención al juicio en los actos del Día de la Policía

“Una profesión riesgosa”.
En su mensaje, el mandatario también sostuvo que "no se puede desconocer que la del policía es una profesión riesgosa, que requiere capacitación, dedicación y recursos científicos tecnológicos cada vez más complejos".
Afirmó que el gobierno provincial "estuvo y está absolutamente comprometido en aportar los medios que tiendan a cumplir esos objetivos con recursos humanos capacitados y equipamiento acorde”, y que para ello concretaron “una cuidadosa planificación en seguridad”. Destacó que el equipamiento a incorporar en el corriente año "va a significar una inversión del orden de los 9 millones de pesos".
Resaltó que la provincia tiene “una fuerza policial en la cual la comunidad confía” y que “la presencia de un agente policial nos brinda tranquilidad y sentimos contención".
Baudaux destacó en su discurso las funciones que tiene la institución, “dialogando con los ciudadanos de la provincia, para ir diagramando y proyectando las actividades de acuerdo a las necesidades reales de la gente".
El trabajo en equipo "es importante para que cada propuesta se materialice, hemos elegido trabajar juntos y coordinados, no sólo entre efectivos de la fuerza, sino también con otras policías vecinas con las cuales mantenemos fluida comunicación, al igual que con todo el pueblo pampeano".
"La Policía de La Pampa desea renovar el compromiso social de seguir en el camino de la búsqueda constante de la verdad y la justicia, velando por la paz de cada uno de los ciudadanos, apoyados en la premisa que a la seguridad la construimos entre todos", finalizó Baudaux.

Reconocimientos.
La jornada fue por demás desapacible para todos los presentes, con mucho viento durante las dos horas que duró el acto. Tras los discursos, se entregaron menciones especiales al personal policial destacado, medallas a los efectivos con 25 y 30 años de servicio, y reconocimientos a integrantes de la comunidad que colaboraron con la fuerza pública.

“Apagaban las luces y venía el terror”
Hermelinda Gándara pidió que los represores no estuvieran en la sala de audiencias durante su testimonio. Uno de ellos, Athos Reta, quiso quedarse; pero el tribunal no lo autorizó, a pesar del rechazo de las defensas. Esa petición sirvió para demostrar el temor que, después de 32 años, aún mantiene la mujer que fue celadora en la Seccional Primera desde fines 1977 y hasta 1982. Gándara llegó a decir que “cuando apagaban las luces, era tanto el miedo que tenía que me encerraba en mi oficina porque eso era de terror”. Así se refirió a lo que ocurría en el primer piso del edificio, donde funcionaba la sala de torturas de la Subzona 14.
La testigo dio detalles de los días que pasó allí Zulema Arizo, detenida en 1978 en Paso de los Algarrobos, y mencionó que la otra presa a disposición de la Subzona era María Teresa Fernández, una empleada de la Escuela Hogar de Santa Rosa, que permaneció internada en la clínica Modelo.
Gándara precisó que Arizo fue revisada en un primer momento por el médico militar Atilio Cornachione y que luego la vieron los médicos policiales Máximo Pérez Oneto –investigado por falso testimonio–, Miguel Aragón y Juan Savioli. Aseguró que todos la revisaron al menos más de una vez, pero que no los vio subir. “Iban todos los días”, señaló. Incluso detalló que nunca ingresó a la celda junto a los facultativos, cuando sí lo hacía durante las revisaciones de presas comunes.
“Cuando llegó (Arizo) estaba como perdida, golpeada, con marcas en los pies y las muñecas. Me dijo que le habían aplicado la picana eléctrica en distintas partes del cuerpo”. Apenas arribó el imputado Carlos Reinhart le ordenó que no le diera agua.
Contó que dos o tres veces entregó a Arizo “al suboficial Giménez” para que la subiera al primero piso, “un área restringida, donde decían que se torturaba”. En esas circunstancias, al regresarla, también le dijeron que no le diera agua. “¿Por qué? No sé. Supongo que porque le habían aplicado la picana. Era la única razón”, sostuvo la celadora.
Indicó que en la planta alta estaban los acusados, el fallecido policía Roberto Escalada –lo señaló como uno de los interrogadores– y que “pudo subir algún oficial de servicio, como Gatica y Quinteros”. También mencionó que en la Primera estaban los oficiales (Mario) Della Croce y Malagueño y que vio militares, aunque solamente identificó a Juan José Amarante, un imputado que murió y había sido beneficiado con la falta de mérito.
Gándara identificó a Reta y otro policía, Dionisio Gualpas, como quienes llevaban detenidos de la Brigada de Investigaciones a la Seccional Primera. Agregó que la comisaría tenía una sola puerta de ingreso y que por allí entraron muchos presos.
– ¿Escuchó ruidos fuera de la común?
– Sí, de la gente a la que le pegaban. También alguna vez escuché gritos. A la noche se escuchaba música muy fuerte. Era tanto el miedo que, cuando apagaban las luces, me encerraba en mi oficina porque eso era de terror. A la gente la traían arrastrando por los pasillos.
– ¿El resto del personal que trabajaba allí pudo no escuchar los ruidos y gritos?
– No, debieron escucharlos.
– ¿Veía circular con normalidad a Marenchino?
– Sí.
– ¿Usted reportó cómo estaba Arizo?
– Sí. El oficial de servicio dijo ‘que se arreglen ellos’.
Gándara recordó lo dicho por otro testigo acerca de que una detenida que fue llevada arriba para mantener relaciones sexuales con Reinhart tuvo que abortar en el hospital Molas.

Paso en falso de un defensor
El defensor Del Campo no tuvo su mejor día. Con cierta ironía habló de la “familiaridad” en el trato que mostró Palazzani con la testigo Gándara. “¿Lo ha visto antes?”, le preguntó. “Es la primera vez que lo veo”, contestó la mujer. E ingenuamente preguntó porqué. “Porque soy curioso”, salió mal del paso el defensor. Después se equivocó en las fojas cuando solicitó que la testigo reconociera unas firmas.

Ratificaron que presas eran torturadas
La jornada vespertina del juicio contra los represores tuvo como testigo principal a una ex agente de policía que durante el año 1976 cumplió servicio como celadora en la Seccional Primera, el principal centro clandestino de detención de la dictadura en La Pampa. Los abogados de las partes y el Tribunal debieron batallar arduamente contra la poca memoria de la testigo.
El Tribunal Oral Federal está juzgando a los miembros del grupo de tareas de la Subzona 14. Ayer, sólo cinco de los acusados estuvieron en la sala durante las declaraciones de la mañana: el ex secretario de la Gobernación durante la dictadura, el coronel Néstor Omar Greppi (67 años), y los policías Athos Reta (73), Néstor Cenizo (55), Carlos Reinhart (60) y Hugo Marenchino (65).
Los dos últimos no estuvieron por la tarde. Se quedaron en la Colonia Penal, donde permanecen detenidos junto a los otros acusados: Roberto Constantino (81, jefe del Grupo de Trabajo de la Subzona), Omar Aguilera (74, jefe de Operaciones), Roberto Fiorucci (71, jefe de Informaciones) y Antonio Oscar Yorio (65).

Agua.
La declaración de Stork comenzó a las 17.22 y se extendió por una hora. Dijo que conocía a los acusados, pues habían sido sus superiores. Todos, aseguró, trabajaban en el primer piso de la Seccional, donde funcionaba la Unidad Regional I y la Subzona 14, que dependía del Ejército.
Si bien pasó casi tres años, los peores, en la comisaría, sólo recordó haber visto a unas pocas detenidas: Zulema Arizo, Ana María Martínez, Nelly Sanders de Trucchi, Zelmira Mireya Regazzoli y dos estudiantes de General Pico, muy jóvenes. Recordó que las internas eran subidas al primer piso cuando lo requerían los oficiales y que, cuando regresaban, no les podían dar agua por tres o cuatro días.
En una parte de su relato aseguró que cuando trabajó de noche no escuchaba ruidos, sólo silencio. Su afirmación se contradijo con el sinnúmero de testigos que aludieron a los gritos y la música fuerte. Entonces, intervino el presidente del Tribunal, José Mario Triputti. Para refrescar la memoria de la testigo le recordó una declaración que ésta había prestado anteriormente, donde relataba que las detenidas bajaban en "estado lamentable" y referían que era producto de la picana. La testigo lo ratificó.
Añadió, luego, que a las internas les dolía todo (el cuerpo) por las golpizas que les pegaban y no podían movilizarse por sí mismas. Aseguró que, a veces, les mojaban los labios con agua, porque tenían sed. "Si los oficiales se enteraban, nos hacían meter presas", explicó.

Nombres.
Después, dijo que los oficiales que le solicitaban que subiera a las detenidas eran el comisario retirado Juan Domingo Gatica (ya declaró y se le instruye una causa por falso testimonio), otro de apellido Quinteros y los acusados Cenizo, Reinhart y Fiorucci. Ante una consulta puntual dijo que Marenchino también estaba ahí, pero luego se retractó.
También mencionó los nombres de dos médicos que atendían a las víctimas, Máximo Pérez Oneto (testificó el martes 24 y se le inició una causa como partícipe) y Juan Savioli. Los facultativos, recordó, siempre recetaban aspirinas, como único remedio para mitigar los efectos de las torturas.
Sobre el final de su declaración, el abogado defensor Oscar Del Campo trajo a colación un sumario que dos de los ahora acusados, Constantino y Fiorucci, instruyeron en su contra por supuestos maltratos contra las detenidas. Las querellas se opusieron pero Triputti dijo que sería tenido en cuenta. La mujer reconoció su firma en aquella actuación.

Arquitectos.
Los últimos en declarar anoche fueron los arquitectos Juan Carlos Sánchez y Alberto Santín. Ambos eran empleados del Ministerio de Obras Públicas al momento de su detención, el 24 de marzo de 1976 a la madrugada. Sus testimonios fueron prácticamente iguales a los de los otros dos arquitectos que declararon a la mañana. Los cuatro vivían en el mismo departamento de la calle Padre Buodo y fueron secuestrados allí.
Sánchez recordó que su padre vino desde la provincia de Buenos Aires a Santa Rosa para averiguar dónde estaba su hijo. Si había enterado de su detención a través del diario Clarín, donde publicaron una lista de detenidos subversivos. Aquí se reunió con Greppi. El militar admitió que lo conocía y no formaba parte de organizaciones armadas, sin embargo, cortó el diálogo abruptamente cuando le dijo a su padre que si cada cien muertos en la represión, tres eran culpables, él se daba por satisfecho.

Dos acusaciones contra Velásquez
La primera testigo de la tarde fue Hilda Pérez (52). La mujer, que sufre de sordera, debió ser asistida por una empleada del TOF, quien le repitió al oído las preguntas. Recordó que fue presa durante ocho meses, en 1978, "por drogas". Relató que escuchó los gritos de dolor de las torturas y aseguró que llegó a gritar que dejaran de golpear a las personas.
Dijo que, en su celda, mantuvo relaciones sexuales con un preso (una relación ocasional), quedó embarazada y debió ser sometida a un legrado por indicación de un médico policial.
Relató, también, que hace unos años el subcomisario retirado Eduardo Velásquez la fue a ver a su casa para pedirle que declara a favor de uno de los acusados, Reinhart. Dijo que la llevó a una escribanía y le hizo firmar un papel. Dijo que lo hizo porque se sintió presionada y con miedo.
A la mañana, otra testigo, Hermelinda Gándara dijo que Velásquez y su esposa fueron a verla a su casa para que cambiara la declaración (favoreciendo a los imputados), a cambio de dinero. Como se negó, la amenazaron e insultaron.

Piden asociación ilícita
Uno de los abogados querellantes, Miguel Palazzani, pidió que la acusación contra los nueve represores de la Subzona 14 se amplíe a un tercer delito, el de asociación ilícita, por entender que el grupo de tareas fue una banda organizada, con duración en el tiempo y una división interna para cometer atrocidades.
El fiscal Jorge Bonvehi y la otra querella adhirieron a esa postura, mientras que los tres defensores de los imputados se opusieron tenazmente. El Tribunal Oral Federal dijo que se tomará su tiempo para resolver el planteo, aunque no fijó un plazo.
La asociación ilícita requiere, para su configuración, ciertos requisitos: un acuerdo de tres o mas personas con sentido de pertenencia, un carácter estable y duradero en el tiempo y la voluntad de cometer delitos.
Palazzani formuló la petición en el inicio de la audiencia de ayer, en base al artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación que habla de la ampliación del requerimiento fiscal. El texto señala que “si de las declaraciones del imputado, o del debate, surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero vinculadas al delito que las motiva, el fiscal podrá ampliar la acusación”.
El querellante fundamentó que los hechos nuevos surgieron de las declaraciones testimoniales oídas hasta ahora en el debate y agregó que, más allá de que se estén juzgando delitos cometidos presuntamente a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, ya desde el año anterior al menos hasta el 78 la “célula operó de la misma manera”. Mencionó el caso específica de Zulema Arizo, que éste último año fue secuestrada en la escuela rural de Paso de los Algarrobos, golpeada a pesar de estar embarazada, y trasladada la Seccional Primera de Santa Rosa.
“El grupo de tareas mostró un sentido de pertenencia, estabilidad y autonomía (durante esos años), ya en los operativos de 1975 actuó con el mismo grado de temor e impunidad, y las víctimas sufrieron los mismos padecimientos”, sostuvo el peticionante.
Aclaró que no se requiere que las actuaciones se envíen al Juzgado Federal para que se abra una causa penal en primera instancia porque “la plataforma fáctica no cambió; sino sería como un búmeran, porque se tiraría todo para adelante para que vuelva lo mismo”. Palazzani detalló que la asociación ilícita es un delito independiente de los otros dos por los que ya están siendo juzgados, privación ilegal de la libertad y tormentos, en ambos casos agravados. “Formar parte del grupo ya es un delito en sí”, remarcó.
La asociación ilícita está reprimida con entre 3 y 10 años de prisión y se aplica al que “tomare parte en una banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión”. La querella mencionó que los jefes fueron el militar retirado Néstor Greppi y los ex policías Roberto Esteban Constantino, Omar Aguilera y Roberto Fiorucci.
En definitiva, Palazzani propuso que la imputación contra los nueve represores sea la de haber formado parte de “un plan ilegal y clandestino para secuestrar y torturar, usando la estructura policial y militar”, en perjuicio de las víctimas que figuran en la causa.

¿Suspensión?
El abogado de Greppi, Hernán Vidal, se opuso al planteo de Palazzani. Dijo que el artículo 381 indica expresamente que la ampliación debe ser requerida por la fiscalía y que “la petición es muy genérica y no se entiende bien a quién está dirigida”. Ante ello, Bonvehi reiteró que había avalado en un todo las expresiones de Palazzani.
“Se pidió una ampliación a boca de jarro, con mucha cosa abstracta y poca en concreto. Se habló de listas, y no hay ninguna; de organización, mucho menos; y de inteligencia en el caso Arizo, pero no se dijo de quién. Con respeto al distinguido letrado, pareciera que estuvo en otro juicio”, manifestó Vidal.
“Más salvaje aún –acotó– es haber sindicado como organizador a Greppi. Que no esté el ex gobernador (por el ex coronel Fabio Iriart), ni (el fallecido coronel Oscar) Cobuta, ni (el coronel prófugo Luis) Baraldini, no autoriza a trasladar la acusación a otra persona”.
Incluso, basándose en el mismo artículo 381, que así lo expresa, Vidal pidió –en caso de que el tribunal hiciere lugar a la solicitud de la querella– que se suspenda el debate para ofrecer nuevas pruebas y preparar la defensa. Ocurre que en esa hipótesis los nueve imputados deberían ser indagados por la asociación ilícita. Eventualmente el plazo de la suspensión debería ser “prudencial”, según fija el Código.
El defensor general Oscar Tomás del Campo se sumó a ese argumento y su colega, Carlos Riera, calificó la petición de “extemporánea e improcedente”. Remarcó que “no surgieron durante el juicio motivos para ampliar la imputación” y que el libro “Informe 14”, de Juan Carlos Pumilla y Norberto Asquini, “es una prueba incorporada desde hace mucho tiempo”.
“El tribunal va a tomarse su tiempo”, cerró el presidente del TOF, José Mario Tripputi, antes de dar paso a los tres testigos de la mañana.

Marenchino y los nombres
El represor Hugo Marenchino pidió hablar ante los jueces exclusivamente para desmentir que hubiera pertenecido a la Seccional Primera, como dijera la semana pasada la celadora Elsa Flach. No fue la única testigo que lo ubicó en ese lugar.
“Entre 1973 y 1982 estuve en la Jefatura y hay medio centenar de personas que pueden dar fe”, indicó. Y leyó alrededor de 20 veinte nombres de ex jefes y subjefes, comisarios de la plana mayor y asesores letrados. Entre esos testigos propios sobresalió el nombre del actual jefe de Policía, Ricardo Baudaux, quien en 1976 se desempeñaba como escribiente en la Primera. ¿Otros apellidos? Martiní, Alberdi, Soratti, Miranda, Ramos, Zabala, Novisardi, Torres, Sánchez, Riffaldi, Miskoff, Domínguez, Clavero, los abogados Lorda y Corchón, etc.
Marenchino agregó: “No pedí no estar en el juicio para eludir algún reconocimiento o diligencia, sino porque he pasado por situaciones que no debí pasar. Yo no fui responsables de los hechos”.

Una bolsa, una libreta y un robo
Gerardo Salandra y Ricardo Samos eran en 1976 dos arquitectos recién recibidos que se vinieron a trabajar a la Dirección de Arquitectura de la Casa de Gobierno. El 24 de marzo un grupo militar los secuestró, junto a otros cuatro compañeros, en un departamento de la calle Padre Buodo. Ambos dijeron que, por comentarios de otros presos de la Unidad 4, supieron que Néstor Greppi era el jefe de ese grupo, pero ninguno pudo identificarlo en una foto de la época que ayer les exhibió el tribunal.
Los dos fueron interrogados en la Seccional Primera, aunque no sufrieron tormentos físicos. También ambos vieron al entonces ministro de Obras Públicas, Santiago Covella, y a su secretario, Ricardo Calvo, “muy golpeados y en malas condiciones”. Samos, que en la U4 vio “gente torturada”, contó que el 12 abril, antes de irse, el propio Covella le dio ánimo.
Salandra se emocionó al hablar de Calvo porque era su amigo. “Me dijo que los habían golpeado con guantes de boxeo. La última vez que hablé por teléfono no quiso que lo viera porque estaba muy enfermo”. El testigo llegó a hacer una lista de los detenidos con un clavo.
Samos agregó que Calvo le reveló que había sido picaneado en los dedos y que le habían colocado armas en la cabeza. “Yo llegué a golpearme la panza (sic) para saber cuál era mi nivel de resistencia”. Ambos aseguraron que los militares les robaron todo el dinero.
– ¿Tenía militancia política o social?
– Leía diarios y libros. Tenía y sigo teniendo inquietudes políticas.
– ¿Tenía algún libro?
La respuesta de Salandra arrancó murmullos y sonrisas: “Uno que se llamaba ‘El fascismo’”.
Los arquitectos hoy son socios. Salandra recordó que los captores lo consideraron “potencialmente peligroso” porque –ironizó– tenía escrito en una libreta “referencias al marxismo, al Che Guevara o a la tortuga Manuelita”. Samos aún está convencido que los detuvieron porque la “bolsa de polietileno” que colgaba del balcón. “Creían que mandábamos señales”, concluyó.