Morfina: piden 8 años para una enfermera
Durante la mañana ayer, el Tribunal Oral Federal presidido por los jueces José Mario Triputti, Eugenio Krom y Mario Márquez tomó la declaración de la testigo Sonia Casadey (ex empleada doméstica de la víctima) y de los imputados Mauro y Mónica Fernández y la madre de ambos, María Ibarra. La otra imputada de esa familia, Vanesa Fernández, alegó estar bajo un tratamiento psicológico y se negó a prestar declaración.
Tráfico.
Tras un cuarto intermedio de tres horas se reanudó la sesión y el fiscal Bonvehi procedió a dar su alegato. El letrado acusó a Ibarra de falsificación de recetas y de tráfico ilegal de estupefacientes. Esta última figura está descripta en el artículo 5 inciso c. de la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes) y establece que "será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años el que sin autorización comercie con estupefacientes o (...) los tenga con fines de comercialización, o los distribuya (...)" . Por ello solicitó el cumplimiento de ocho años de prisión preventiva y el pago de una multa de 5.000 pesos.
El letrado también agravó la acusación de tráfico con el delito de asociación ilícita, ya que consideró que la imputada involucró a sus tres hijos para beneficiarse económicamente a costa de la entrega de ampollas con morfina a Gabriela Rubio.
Procedimientos.
"En 2009 la División de Toxicomanía inició una investigación a raíz de que la señora Gabriela Rubio conseguía morfina a través de dos bocas de expendio" explicó el fiscal. "El 9 de diciembre de ese año -continuó- se desencadenaron los procedimientos y Rubio fue interceptada por la policía tras salir de la vivienda de Eva Arrieta con dos ampollas de morfina. La casa fue allanada y allí se secuestraron otras dos dosis y se detuvo a los residentes".
"Luego se realizó otro procedimiento en la morada de Rubio, donde se secuestraron unas siete ampollas usadas, jeringas y recetas. Tras un peritaje se comprobó que la totalidad de las ampollas incautadas ese día provenían del hospital Lucio Molas" expresó el fiscal.
Las recetas.
El letrado indicó que también se efectuaron operativos en la vivienda de Ibarra y en farmacias y centros de salud de Santa Rosa, Catriló y Colonia Barón. "En esas instituciones se hallaron recetas emitidas de forma irregular, según explicaron los médicos que las firmaron" sostuvo el funcionario y agregó que "tras las pericias caligráficas de la División Criminalísticas se constató que algunas de las recetas habían sido falsificadas".
"Ibarra, como enfermera del hospital Lucio Molas, tenía acceso a las recetas en blanco y como conocida y colega de los diversos médicos de la provincia, tuvo fácil acceso a la morfina. Ella les decía que la morfina era para un familiar enfermo, e incluso llegó a afirmar que su madre tenía cáncer, por lo que los profesionales de la salud prestaban su firma como un favor. En algunas recetas se constató que los números fueron adulterados. Por ejemplo, en uno de las órdenes que habilitaban el expendio de '5 ampollas de morfina', la imputada agregó un 3 y así se le otorgaron un total de 53 ampollas" sostuvo el fiscal.
Asociación.
"Luego se las entregaba a Gabiela Rubio" expresó. "Para esto empleó en dos oportunidades a su hijo Mauro, quien le llevó en motocicleta las ampollas a la víctima. También contaba con una persona dentro del entorno íntimo, ya que su hija Vanesa fue contratada como empleada doméstica y entonces podía vigilar a Rubio. En tanto, su hija Mónica fue vista retirando las ampollas de una farmacia y también la pericia caligráfica comprobó que falsificó algunas de las firmas de las recetas" agregó Bonvehi.
Cuatro años.
Por último, el fiscal solicitó cuatro años de prisión para Arrieta y Guanchul. "En la vivienda de la pareja la policía secuestró varios objetos de valor pertenecientes a Gabriela Rubio, entre ellos un televisor LCD. Estos bienes correspondían al pago de las ampollas de morfina entregadas" manifestó Bonvehi.
Los argumentos de la defensa
Por su parte, los abogados defensores Omar Gebruers y Oscar Del Campo pidieron la absolución de todos los imputados y además sostuvieron que la negligencia de los médicos que emitieron las recetas y el modus operandi de la División Toxicomanía deberían estar en tela de juicio.
Gebruers, representante de Guenchul y Arrieta, expresó que la causa por la cual Guanchul poseía los objetos de la víctima (LCD, equipo de música) es porque él vendía antigüedades y objetos de segunda mano. Además "el dinero de la venta de otros objetos de Rubio fue devuelto en efectivo y en cheques a su legítima propietaria frente a testigos" manifestó. Con respecto a la enfermera Arrieta, el abogado dijo que ella demostraba cierta debilidad frente a una manipuladora Gabriela Rubio. "En más de una oportunidad Rubio había asegurado que si no le daba morfina se suicidaba", detalló el letrado. "Fueron dos ampollas entregadas en un acto de piedad" agregó.
El defensor Del Campo apeló a los testimonios de la ex empleada doméstica Casadey y de los médicos (sobreseídos de la causa por el juez Zabala) para afirmar que Gabriela Rubio era capaz de "cualquier cosa para conseguir la droga". Según esas declaraciones, la mujer podía llegar a inyectarse desde 20 hasta 100 veces por día. El letrado también dijo que no se empleó ningún mecanismo por parte del Estado ni de la policía para ayudarla. Por otra parte, "no existen pruebas de que Ibarra haya lucrado y lo que hizo fue para ayudar a su amiga" enfatizó.
Un caso de adicción
El "caso de la morfina" se conoció el 12 de diciembre de 2008, cuando el médico Fabio Romero fue detenido por suministrar irregularmente la droga a Gabriela Rubio. La mujer padecía una terrible adicción a esa droga que la llevó a una situación extrema: el 19 de agosto de 2010 se suicidó a los 43 años en su casa. Al respecto, los abogados defensores se preguntaron ayer durante la audiencia: ¿por qué, sabiendo el riesgo que conllevaría, la policía le cortó el suministro de morfina?
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