Patucho Alvarez procesado por enriquecimiento

Después de una larga investigación, que incluyó peritajes, informes de organismos oficiales y de la Comisión Nacional de Valores y hasta los allanamientos de su domicilio particular y de un estudio contable, entre otras pruebas, el ex ministro de Bienestar Social, Santiago "Patucho" Alvarez, fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito al no poder demostrar cómo incrementó su patrimonio en algo menos de 700.000 pesos durante su paso por la administración pública, lo que a montos históricos equivalía a alrededor del 65 por ciento de sus bienes personales. Además la justicia lo embargó por 4.200.000 pesos.
La causa penal contra el ex funcionario se abrió hace casi seis años, el 25 de noviembre de 2005, cinco meses después de que el Tribunal de Cuentas informara que no había podido justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos. El caso estuvo a cargo en un primero momento del juez de instrucción Jorge Luis Howe, quien se jubiló y fue reemplazado por Néstor Daniel Rallí en diciembre de 2008. Este fue quien firmó el procesamiento.
La pesquisa abarcó un período de doce años (1992-2004) y el juez consideró, a priori, que a valores históricos, es decir en 2002, Alvarez se enriqueció ilícitamente por una suma cercana a los 700.000 pesos, ya que los peritos contables determinaron -al comparar ingresos con egresos- que su patrimonio no podía ser muy superior a los 300.000. Pero como el éste, de acuerdo a los peritajes, rondaba el 1.000.000 de pesos, no pudo demostrar cómo obtuvo sus dos terceras partes. Si esos números se actualizaran las cifras finales del enriquecimiento podrían triplicarse.
¿Por qué la causa abarca esos años? Porque de 1992 data la primera objeción del Tribunal de Cuentas a sus declaraciones juradas y porque 2004 es la referencia judicial, ya que el enriquecimiento puede ser investigado hasta dos años después de dejar la función pública en el ámbito de La Pampa. El TdeC le objetó las declaraciones juradas fechadas el 3 de febrero de 1992 (por 81.136 pesos), el 28 de diciembre de 1995 (285.643,20), el 3 de enero de 2000 (194.786,38), el 30 de agosto de 2001 (267.211,70) y el 30 de septiembre de 2002 (898.375,80).
El principal "agujero negro" de Patucho estuvo en las acciones y en la cantidad de ganado. En algún momento del proceso trascendió que llegó a tener 1.950 animales y presuntamente 130.000 pesos en papeles. Un informe remitido al juzgado de la Comisión Nacional de Valores habría indicado que el ex funcionario habría poseído en algún momento 24 tenencias accionarias en diferentes sociedades líderes del mercado, bancos y multinacionales. Por lo que trascendió, tuvo acciones, bonos, fondos de inversión y obligaciones negociables de Acindar, Atanor, Aluar Ipako, Celulosa, Petrobras, Telefónica, YPF-Repsol, Astra, Siderca, Siderar, Rigolleau, y de los bancos Shaw, Francés y Macro. También Tiavi, bonos de consolidación de deuda en dólares (segunda y tercera serie), cupones del Banco Hipotecario Nacional y bonos del gobierno nacional.
Pericias opuestas.
El imputado, que cuando fue citado a indagatoria en abril de 2009 no quiso hablar, recién lo hizo -a pedido suyo- en julio pasado. En esa oportunidad intentó justificar, a lo largo de una declaración de cuatro horas, cómo llegó a un patrimonio millonario, que incluye además al menos una vivienda y vehículos .
En este caso resultaron clave para la resolución los resultados de las pericias, fundamentalmente las contables. Las oficiales fueron realizadas por Silvio Alvarez, un contador del Poder Judicial, y Fernando Gasparini, que se desempeña en el ámbito privado, y la de parte por David Wigand, y ambas arrojaron conclusiones absolutamente opuestas. Wigand aseguró en el expediente que "el incremento patrimonial de Alvarez se encuentra justificado por el conjunto de sus ingresos, menos consumos y gastos en el periodo objeto del informe" (flujo neto anual período 1992-2004 de 658.637 pesos)". También sostuvo que "el crecimiento de su patrimonio fue armónico".Además en el expediente figuran una pericia oficial de un veterinario de General Pico, Guillermo Vaquero, acerca de los gastos que tuvo el imputado para el mantenimiento y el traslado de la hacienda, y otra de parte, efectuada por un idóneo, también con resultados contrapuestos. Pero cuando Ralli le pidió al contador Alvarez y a otra contadora del Poder Judicial, Ana María Kin, entrecruzaron esos datos con las pericias contables volvió a "saltar" que Patucho no podía justificar cientos de miles de pesos.
El enriquecimiento está penado con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. Además es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo hizo su patrimonio. El procesamiento será apelado ante el Tribunal de Impugnación Penal.
Alvarez fue ministro de Bienestar Social del marinismo hasta fines de 1999. Luego figuró como empleado de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Educación y el 31 de julio de 2001 volvió a un cargo de funcionario cuando el gobernador Rubén Hugo Marín lo designó vocal del directorio del Ente Provincial del Río Colorado. Catorce meses más tarde presentó la renuncia para irse al Programa Federal de Salud (Profe), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Hasta la Corte le dijo que no
En esta causa, Patucho llegó hasta la Corte Suprema, pero el tribunal le denegó un recurso de queja; lo mismo que habían hecho el Juzgado de Instrucción 6, de la Cámara en lo Criminal de Pico y el Superior Tribunal de Justicia. Representado por los abogados Eduardo Aguirre y Hernán Víctor Gullco, quiso objetar dos cosas: que el requerimiento para justificar la procedencia de su patrimonio fue realizado en forma "infundada" por el TdeC, ya que presuntamente le correspondía hacerlo a la FIA; y que por la fecha de la denuncia el expediente debió quedar radicado en el Juzgado 3 y no en el 6.

El caso de los viajes fantasmas
El del enriquecimiento no es el único expediente en el que Alvarez figura como imputado. También está procesado por sustracción de caudales públicos en la causa de los 73 "viajes fantasmas" ordenados por el Ministerio de Bienestar Social a la empresa Swiss Travel. Esos traslados figuraron como pagados pero no se habrían realizado. El ex ministro intentó pagar una multa 3.120 pesos para sacarse la causa de encima, pero no tuvo suerte.
El juicio oral y público por los "viajes fantasmas" podría realizarse antes de fin de año en la Cámara en lo Criminal 1 si la Corte Suprema resuelve en breve un recurso presentado por otro imputado, la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad y ex diputada provincial, Elsa Labegorra, quien en agosto del año pasado fue en queja para intentar obtener el beneficio de la probation, algo que le fue denegado en todos las instancias provinciales, incluido en el Superior Tribunal de Justicia.Los otros sospechosos del caso son la ex ministra de Bienestar y ex diputada provincial del PJ, Marta Elena Cardoso, la ex directora de la Familia y el Menor, María Cristina Hidalgo, el ex subsecretario de Coordinación del M.B.S., Sergio Samper, el ex jefe de despacho de Promoción y Asistencia a la Comunidad, Nelson Teves, y el dueño de la agencia Swiss Travel, Luis Alonso.