Se gastan $ 500 millones en seguridad privada

El monto incluye lo que cobran los agentes públicos, por servicios adicionales, y sus pares de las empresas privadas. El 83 por ciento del personal policial trabaja en la calle y el resto en tareas administrativas.
JUAN JOSE REYES
En La Pampa funcionan 23 agencias privadas de seguridad (15 en Santa Rosa, cinco en General Pico, dos en Toay y una en 25 de Mayo) que emplean a 323 personas y facturan 150 millones de pesos anuales. Así, la cantidad vigiladores equivale al 13 por ciento del total de los efectivos policiales con que cuenta el Estado provincial, que es de 2.439 agentes.
Lo que cobran las empresas privadas, junto a lo que recauda la Jefatura de Policía con los adicionales (31,2 millones al año), totaliza 181 millones de pesos. Pero, la seguridad pública este año -sólo en gastos de la Jefatura- costará 319 millones, con lo cual la cifra para dar seguridad supera los 500 millones de pesos anuales.
Muchas veces la ineficacia o la falta de personal en la seguridad pública genera que el negocio de la seguridad privada crezca, con firmas que se encargan de ofrecer custodios, vigilantes, patovicas, relevos, supervisores, etc. (Convenio Colectivo de Trabajo 507/07), y distintos dispositivos para empresas o particulares que puedan pagarlos.
En la provincia, desde fines de los '90 los vigiladores empezaron a hacerse presentes en bancos, financieras, supermercados, sanatorios, universidades, organismos públicos (Instituto Provincial de la Vivienda y Dirección Provincial de Vialidad), cementerios, el casino y locales nocturnos. Más tarde llegaron a farmacias, comercios y restaurantes, como así también en plantas de acopio e industrias. Hoy ya custodian edificios de propiedad horizontal en barrios santarroseños y piquenses. No hay prácticamente ningún espacio que haya permanecido ajeno a este proceso de privatización de la seguridad, que cuesta y es cara.

Custodios y patovicas.
Por cuestiones de números, ya que La Pampa tiene 320.000 habitantes, no parece haber suficientes policías para cuidarlo, más allá de que existan 2.439 agentes a los cuales el erario público les paga para cuidar a la sociedad (de ellos 2.030 son personal de calle).
Por eso, aquellos que aún así se sienten en riesgo recurren a la seguridad privada y contratan custodios permanentes para empresas o les pagan adicionales a la propia Jefatura.
En Santa Rosa operan custodios de boliches y confiterías, que deben tener una credencial que los autorice a trabajar en el rubro. No obstante, la decisión de contratar a alguien registrado, según lo disponen las leyes 25 y 2.037, bajo la figura de "Regímenes en funciones sobre investigaciones y vigilancia privada".
La tasa de habilitación a pagar al Estado es equivalente a cinco veces la remuneración total sujeta a aportes que asigne al grado mayor de la escala correspondiente a suboficiales subalternos. Se paga una tasa policial promedio de 150 pesos por vigilador, monto que es depositado en la cuenta de Rentas cada 30 días.
La resolución 354/11 y la ley 2037 fueron modificadas en octubre de 2010 por la Cámara de Diputados. Alí se incluyeron aspectos que deben cumplir los patovicas o vigiladores, como ser mayores de 18 años, tener finalizados sus estudios secundarios, no registrar condenas penales o antecedentes, no pertenecer a las fuerzas armadas, de seguridad o policiales, y tampoco haber sido dados de baja en el servicio por causas graves. También deben acreditar actitud psicofísica y tener 10 años de residencia en la provincia. Muchos de los dueños de las firmas han sido policías.
La seguridad paga es un gran negocio, sino que lo digan las empresas Custodias y Serpa SRL, que se pelean y se impugnan para quedarse con la custodia de las maquinarias de la Dirección Provincial de Vialidad (licitación privada N° 13/12, expediente N° 208/12-Recar 5402/1).

El doble comando.
La seguridad pública es un servicio universal que debe brindar el Estado, garantizando la integridad física de todos los comprovincianos y sus bienes, trabajando en conjunto con el Poder Judicial. Ese mismo Estado es el garante de la seguridad pública y es el máximo responsable a la hora de evitar alteraciones en el orden social.
Pero no solo actúan cuando personas o bienes se encuentran en riesgo, sino que la seguridad pública también consiste en prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están curso, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la justicia, que será la encargada de establecer los castigos de acuerdo a la ley.
La seguridad también depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales imperantes. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es una cuestión polémica, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos, aunque no la calidad de ellos.
Cuando un particular o empresa solicita mayor seguridad puede optar por dos caminos: le paga al propio Estado (adicionales policiales) o contrata seguridad privada. En La Pampa hay 23 empresas se encargan de ofrecer custodios, vigilantes y distintos dispositivos de protección para cualquier ciudadano que pueda pagarlos.
Sus dependientes no pueden cumplir más de 200 horas semanales; no tienen gremio afincado en la provincia y si bien efectúan aportes previsionales, el dinero va a los Vigiladores de la Ciudad de Buenos Aires, aunque individualmente ninguno de ellos puede afiliarse.

Cuánto cuestan los adicionales policiales
Una causal de la inseguridad, silenciada por motivos políticos, nace del seno de quienes tienen a su cargo el ejercicio de la protección: las unidades regionales y la Jefatura de Policía. Ello es producto de una cadena cuyo primer eslabón es la falta de presupuesto (302 millones para Jefatura) y pocos efectivos (2.439 con 409 oficinistas).
La peligrosidad del trabajo y los bajos salarios del personal subalterno, obliga a la superioridad a cobrar adicionales por responsabilidad, lo que provoca que muchos agentes quieran prestar ese servicio. La norma jurídica de facto 1064/81 (Ley Orgánica de la Policía) y el decreto 1244/95 en su capítulo II inciso, s) le posibilita proveer servicios adicionales a empresas y particulares.
El 58 por ciento de los 2.000 agentes, reciben dineros privados y/o públicos, que provienen del cuidado de espectáculos y comercio (categorías A y B) y para custodia de caudales (categorías C y D). Desde el 1 de septiembre pasado, las categorías A y B tienen un valor de 185 pesos por agente, en tanto que el importe de cada media hora excedente es de 46; mientras que los de las categorías C y D llegan a 231 y por cada media hora de excedente perciben 58 pesos.
Buena parte de los integrantes de la fuerza trabaja doble turno para mejorar sus ingresos, lo que reduce su capacidad a la mitad. ¿Adónde van los 32 millones cobrados en adicionales? Del total, el 90 por ciento lo percibe el personal que efectuó el trabajo y el 10 restante queda en la Jefatura (cinco por ciento para gastos operativos y cinco para seccionales con bajos adicionales).