Quedó preso el ex funcionario de Marín, Pascual Amoresano
El ex funcionario provincial y municipal Silvio Pascual Amoresano está en la cárcel desde ayer a la tarde. Ya no le quedaban caminos por recorrer en los tribunales para evitar que su pena de prisión efectiva comenzara a cumplirse. El martes 9 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la apelación extraordinaria que había presentado su defensa para que su condena fuera revisada.
En julio de 2011, Amoresano fue encontrado culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en la presentación de sus declaraciones juradas de bienes. A fines de ese mismo año, el fallo condenatorio fue ratificado por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) y en mayo de 2012 el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa siguió el mismo camino.
El rechazo de su recurso tuvo que ver con razones formales y lleva las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
Detenido.
Tras la medida, la Justicia local quedó en condiciones de ordenar la detención. La orden fue dictada por los jueces Carlos Mattei, Carlos Besi y Eduardo Olmos, quienes llevaron adelante el juicio oral y público hace casi dos años.
Amoresano fue detenido por efectivos de la Seccional Tercera, quienes fueron a su casa de la calle Policía de Territorios Nacionales en las primeras horas de la tarde y le informaron cuál era su situación. De allí lo llevaron a la comisaría de la calle José Ingenieros, frente al Estadio Municipal, y lo alojaron en una celda donde pasó sus primeras horas de encierro. Poco antes de las 19, el ex funcionario fue sacado de la Tercera -en ese momento fue fotografiado por algunos reporteros gráficos con su cabeza cubierta por una campera- y trasladado a la comisaría de Winifreda donde seguirá al menos por ahora.
Tres años y medio.
La condena que le aplicó la Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa -compuesta para ese juicio por Mattei, Besi y Olmos- fue de tres años y seis meses de prisión efectiva, por haberse enriquecido ilícitamente en 223.243,31 pesos durante su paso por la administración pública, y por omisión maliciosa al no incluir parte de su patrimonio familiar en las declaraciones juradas que presentó ante el TdeC.
El punto de partida de la causa -que tardó seis años en llegar a juicio- fue el 29 de diciembre de 2004 cuando el TdeC, sobre la base de la comparación de las declaraciones juradas de 1999 y 2002, concluyó que el incremento injustificado de Amoresano había sido de 188.976 pesos, aunque luego lo redujo a 40.661 cuando el imputado dio explicaciones ante la jefa de Control Patrimonial, María Irene Giusti. Más tarde intervino la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y al año siguiente se abrió la causa penal.
Pericias clave.
Las pruebas clave para la Cámara en lo Criminal 1fueron las pericias del contador del Poder Judicial, Silvio Alejandro Alvarez ("expuso con rigor científico"), y de la arquitecta privada Dora Beatriz Aimale ("demostró objetividad e imparcialidad en su labor"); en cambio desechó la de la contadora Silvia Victoria Orgales, que fue realizada a pedido del acusado ("sus informes fueron inconsistentes").
En el debate oral y público se supo que Amoresano y su esposa Norma Patricia Aranda -había sido imputada pero falleció antes del juicio- tenían 21 departamentos en seis complejos ubicados en Víctor Lordi 136 (fue el primero, se construyó entre 1993 y 1995); Policía de Territorios Nacionales 1169-1171; José Luro 208, casi esquina Colombia; Onofre Rey 942-948; Policía de Territorios Nacionales 102, casi esquina Víctor Lordi; y Víctor Lordi 144 (el último y más grande, se edificó entre 2000 y 2004).
También poseían un local comercial, un terreno en el balneario rionegrino de Las Grutas, un campo de 150 hectáreas en la zona de Winifreda y tres terrenos en la calle Porchieri (ninguno de esos inmuebles fueron declarados en tiempo y forma en las DD.JJ.); más un par de vehículos.
Las cifras.
En definitiva, los jueces concluyeron que Amoresano, mientras se desempeñó como funcionario público (director provincial de licitaciones de Obras Públicas entre del 17/5/1994 al 10/12/1995, director provincial de Obras Básicas entre el 11/12/1995 y el 10/12/1999, y director municipal de Servicios Públicos entre el 11/12/2003 y el 17/6/2005) tuvo un incremento patrimonial no justificado. Consideraron un patrimonio inicial, en 1994, de 89.179, 93 pesos, y un patrimonio final, en 2004, de 484.995,74; por lo que la mejora fue 397.815,81. Como en ese período los ingresos fueron de 584.007,43 pesos y los consumos de 409.435,03, el ahorro alcanzó a 174.572,40. Si al incremento patrimonial de 397.815,81 pesos se le restan los ahorros por 174.572,40, se llega a los 223.243,31 pesos que no pudo justificar.
Las excusas del acusado.
En el año 2011, Pascual Amoresano había argumentado ante la Justicia que no había incluido los bienes gananciales en sus declaraciones juradas "por un error de interpretación de la ley", ya que creía que sólo debía incluir los suyos y no los de su esposa. Incluso dijo que la ley "no estaba clara" y que por eso había sido modificada en el 2003, para que no quedaran dudas de que los bienes del cónyuge también tenían que ser incorporados en las planillas.
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