Frepam pide informes por cierre de talleres de Salud Mental

El bloque del Frepam reclamó informes al Ministerio de Salud ante la posibilidad del cierre de los talleres en el ámbito de Salud Mental en las ciudades de General Pico, Santa Rosa y General Acha. El proyecto, presentado por el diputado socialista Luis Solana, exigió conocer "a la brevedad" los motivos del "incumplimiento en el pago a talleristas, contratados en la modalidad de monotributistas" de ese organismo.
La posibilidad de la clausura de los talleres de Salud Mental surgió en los últimos días y generó la movilización de vecinos que tienen familiares que asisten a esas dependencias que están bajo la órbita de la cartera de Salud.
Solana indicó en los fundamentos del proyecto que "ha trascendido mediáticamente, y hemos verificado a partir de tomar contacto directo con personal involucrado, el incumplimiento y atraso en el pago ya por varios meses consecutivos a personas que a través de la modalidad monotributista dictan diversos talleres".
El diputado indicó que esas actividades se llevan a cabo en cumplimiento de la Ley de Salud Mental nacional 26657 y que "se torna obligatorio el cumplimiento de lo legislado en nuestra provincia".
Actualmente se dictan, entre otros, talleres de plástica, arte textil, de máscaras y artesanías, fotografía, educación física y de radio, como opciones para los pacientes. También se ha llevado adelante un programa radial que fue reconocido y nominado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), "Baldosa Floja" y una revista, "Mente abierta".
"Podemos afirmar entonces que de discontinuar el dictado de los talleres significará un grave incumplimiento de la ley y la violación de derechos humanos de los pacientes. Más allá del claro retroceso en la prestaciones de salud mental", indicó Solana.
Contra la discontinuidad de los talleres se manifestó en una solicitada el Colegio de Psicólogos mostrando su "preocupación" por el posible cierre. Con la firma de su presidenta, Sofia Reeves, instaron a las autoridades provinciales a "garantizar el derecho de todas las personas" y "el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental".