El CS prorrogó los mandatos y se superó el conflicto

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa mantuvo ayer su décimo tercera sesión ordinaria, en la que alcanzó un dictamen unificado que reconoce el trabajo de la Comisión de Intervención del Protocolo Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género de la casa de estudios. También decidió renovar, por única vez, el mandato de sus integrantes por el término de un año.
La novedad se conoció a través de un comunicado que Universidad Amplia emitió ayer, al terminar la sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNLPam. «Afortunadamente el oficialismo decidió dar marcha atrás con su postura y validar el trabajo realizado por la Comisión de Intervención del Protocolo Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género de la UNLPam», destacó UA. «Logramos que se incorporen los aportes realizados por nuestra agrupación y, de esta manera, alcanzar un dictamen unificado donde se reconoce el trabajo de dicha Comisión y se renueva, por única vez y por el término de un año, el mandato de sus integrantes».
Amplia recordó que en la décimo segunda del Consejo, hace 15 días, el sector oficialista de la universidad pampeana, representado por Proyecto Universidad, «optó por no reconocer lo actuado por la Comisión de Protocolo», postura que constituyó «un grave problema de institucionalidad».
«Pretender escudarse en la supuesta necesidad de un dictamen del área de Legal y Técnica para rechazar lo actuado por las mujeres integrantes de la comisión del Protocolo es una vulneración a los derechos de las víctimas de violencias», consideró Universidad Amplia.
Tras dar a conocer lo que había sucedido en aquella sesión, llegó «un aluvión de muestras de apoyo y solidaridad» a esa postura, que sirvió para modificar el escenario y producir la votación de ayer.
«Es preciso destacar que el proyecto presentado por Universidad Amplia fue respaldado por más de 30 avales, entre ellos, organizaciones, especialistas locales y nacionales, agrupaciones, gremios e institutos de investigación. En este sentido, al oficialismo no le quedó más que salir de su cortina de humo y aceptar lo actuado por la comisión de protocolo», sostuvo UA.

Contención.
En palabras de la doctora Diana Maffía, filósofa, docente universitaria e investigadora de género, «el funcionamiento de la Comisión es fundamental para asegurar que las personas que enfrentan situaciones de violencia, acoso sexual o discriminación encuentren un espacio especializado de contención y apoyo, así como para canalizar en tiempo y forma eventuales denuncias».
«Las universidades públicas no pueden desentenderse de esta realidad compleja. En este sentido, alegar un formalismo en este particular contexto para frenar el trabajo de una instancia especializada para abordar situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género de la universidad no parece razonable, sobre todo si tenemos en consideración la tarea específica que dicha comisión lleva a cabo».
En una nota que divulgó Universidad Amplia, la investigadora consideró que «deberían arbitrarse todas las medidas necesarias a fin de garantizar la supresión de las restricciones que pudieran afectar el pleno ejercicio de derechos fundamentales «.