Avanzan en una nueva compactación de vehículos

Funcionarios del Superior Tribunal de Justicia mantuvieron una reunión virtual con el director nacional de Investigaciones de Delitos Federales, Ignacio Rubén Mazzitelli, con el fin de avanzar a una segunda etapa del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom).

En la etapa inicial, cumplida en la primera quincena de febrero, el Poder Judicial compactó 330 toneladas de chatarras, correspondiente a vehículos y motos que estaban secuestrados desde hace más de diez años en las playas judiciales de Santa Rosa, General Pico, General Acha y 25 de Mayo. Lo recaudado por su venta será estimado a la Asociación Cooperadora del Hospital “Lucio Molas”.

En esta reunión se habló de firmar un nuevo convenio para replicar esas tareas en los puestos camineros, comisarías y municipios donde permanecen secuestrados automotores por órdenes judiciales. Por el STJ participaron de ella, la secretaria legal María Soledad Sallaberry y el secretario técnico Carlos Alvarado.

La idea es trabajar en campo en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Por eso el organismo formó parte de la videoconferencia a través del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García, y del director general de Seguridad Vial, Fernando Funes.

Mazzitelli, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a sus colaboradoras Valeria Caricatti y Paula Iandoli, evaluaron con Sallaberry y Alvarado cómo funcionó la primera etapa del Pronacom y resolvieron dar un paso más para extenderlo a otras dependencias donde aún permanecen en desuso una gran cantidad de vehículos.

De hecho, el Gobierno provincial –por intermedio de Seguridad– formará parte del programa a través de las unidades que están en condiciones de ser compactadas en veinte localidades y para ello, cada una de esas comunas aprobó las ordenanzas correspondientes y envió esa documentación a Nación.

Desde allí se informó que una vez que se reciba y apruebe toda la documentación requerida, tanto al Poder Judicial como al Ministerio de Seguridad, se estaría en condiciones de iniciar los trabajos de compactación en menos de un mes.