Caso Antonella Villaba: “suicidio o instigación al suicidio”

“No hubo intervención material de un tercero” en la muerte de Antonella Villalba, confirmaron Andrés Torino y Walter Martos, titulares de las fiscalías de Delitos contra las Personas y Violencia Familiar y de Género. Los elementos de prueba recolectados ratifican el suicidio como hipótesis princial sin “ayuda de terceros” pero frente al “contexto de vulnerabilidad social y una relación de pareja con situaciones de violencia” también seguirán investigando “una posible instigación al suicidio”.

 

Mediante un comunicado difundido desde la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal explicaron que “es una figura muy compleja, quizás desactualizada con el enfoque de violencia de género, pero debemos investigar en ese sentido”. Torino y Martos trabbajan juntos desde un primer momento por la “situación de violencia de género en la que se encontraría la mujer”, tal cual lo dispone el protocolo de investigación de femicidios.

 

Antonella fue hallada sin vida el domingo en una casa de Toay que había ocupado hace seis meses. Cuando la policía llegó al lugar encontró a su pareja, un hombre de 27 años, que intentaba reanimarla, quien fue demorado preventivamente pero no está imputado en aunque sería sospechoso de la posible instigación. Aunque no se registran denuncias formales en el sistema judicial, fuentes oficiales y referentes de organizaciones sociales confirmaron el entorno de violencia sistemática en que se hallaba inmersa.

 

Abordajes complejos.

 

Este trágico desenlace desnudó los efectos de graves problemáticas sociales sobre los sectores vulnerables y dispara interrogantes sobre la eficacia de organismos del estado encargados de actuar en situaciones de vulnerabilidad y una colisión con acciones judiciales que criminalizan, estigmatizan y obstaculizan posibles soluciones.

 

Los problemas acompañaron a Antonella toda su vida. Desde muy pequeña fue asistida por equipos de la Dirección de Niñez y Adolescencia, que actuaron hasta que alcanzó su madurez. En junio, cuando ocuparon con Melanie López dos viviendas deshabitadas en Toay, se iniciaron distintas actuaciones de organismos provinciales, áreas municipales y organizaciones sociales y agrupaciones feministas que buscaban dar solución a la apremiante situación.

 

Toay ya registraba una ocupación denunciada ante la justicia penal como usurpación, expediente que recientemente obtuvo sentencia de segunda instancia que revocó un fallo que había rechazado el desalojo de Chakra Raíz.

 

Producida la ocupación, el municipio les advirtió a ambas que no permitiría que siguieran habitando esas casas. También se presentaron equipos de Niñez y Adolescencia para observar la situación y se produjo una reunión en la Unidad Local de Toay donde “les ofrecieron un alquiler que podría ser por seis meses”.

 

La provincia mantiene activo un protocolo “antidesalojo”, orientado a prevenir los traumáticos operativos que ordena la justicia si hay niños y niñas involucrados. A través de ese mecanismo se entregan recursos que permiten solventar un alquiler y evitar los desalojos. Una referente feminista que estuvo presente en la reunión confirmó que “esa suma les permitía pagar un buen alquiler y recomendamos que aceptaran, pero no quisieron y decidieron quedarse con las casas”.

 

Según fuentes de la Defensoría, “las chicas solicitaron un lapso antes de firmar el acta, y cuando volvieron rechazaron esa posibilidad porque querían las viviendas”.

 

En septiembre el municipio informó que se había realizado una reunión “interinstitucional por vulneración de derechos en Chakra Raíz para analizar situaciones habitacionales, educación y salud”. También fue convocada desde la Defensoría y asistieron funcionarios municipales, autoridades del hospital Taladriz, representantes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección de Inclusión del Ministerio de Salud y el Juzgado de Paz. “El intendente planteó la necesidad de adoptar medidas urgentes para resguardar a los niños y niñas ante vulneraciones, pero los equipos provinciales se negaron a iniciar acciones que buscaran separar a los niños del hogar con la finalidad de resolver una cuestión habitacional”, dijeron fuentes presentes en el encuentro.

 

También evaluaron la situación de Antonella y Melanie, quienes ya habían sido imputadas por el delito de usurpación. Antonella vivía con dos hijos de sus tres hijos (3 y 6 años) y varias fuentes aseguran que “temía que quisieran separarla de los chicos y por eso no denunciaba la violencia de género”. Su hijo mayor se encuentra a cargo de su padre y su abuela, quienes promovieron una acción judicial para obtener su guiarda. Desde Defensoría confirmaron que “estaba acordado ese cuidado y el régimen de visitas, gestionados por una defensora civil que hizo las presentaciones”.