Chakra Raíz pide la banca del vecino

Vecinos y vecinas de Chakra Raíz se manifestaron frente al Concejo Deliberante de Toay para exigir la banca del vecino. Afirmaron que hace 11 años esperan ser recibidos por el intendente de su localidad, piden que se cumplan la Ley 27.453 y suspendan el inminente desalojo pedido por la municipalidad y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.

Distintas organizaciones sociales compartieron una carta para expresar su apoyo a la comunidad y repudiar el desalojo. Aseguraron que, desde 2015, la comunidad fue estigmatizada y judicializada. En ese marco, repudiaron la conducta del intendente de Toay, Ariel Rojas, porque “eligió el desalojo en lugar del diálogo y la integración”.

Apuntaron contra el jefe comunal por “sostener durante ocho años una demanda de desalojo contra familias con niñas y niños; por presentar a la comunidad como un ‘daño a la ciudad’ y buscar enfrentarla con el resto de los toayenses, cuando la demanda de vivienda social de Toay se resuelve con política pública y no con el desalojo de doce familias; por rechazar la integración socio-urbana que la ley nacional prevé para los barrios populares; y por anunciar que busca que el predio ‘sea de todos los toayenses’ mientras ejecuta una medida que dejará sin techo a quienes ya lo habitan”.

También criticaron al gobernador Sergio Ziliotto por decir: “Lo que tenemos es una decisión judicial que cumplir”. Sostuvieron que “esa postura es insuficiente y no está a la altura de las circunstancias” ya que “el Poder Ejecutivo Provincial conserva herramientas políticas y legales para evitar que se ejecute una medida de este tipo”.

Exigencias.

En ese marco, las organizaciones sociales pidieron que se suspenda cualquier ejecución del desalojo y que se abra una instancia real de diálogo con la comunidad; que el Gobierno provincial y el municipio de Toay apliquen la Ley 27.453 y su prórroga, y avancen en la integración socio-urbana y la regularización dominial de Chakra Raíz.

También que se garantice a las familias el acceso a agua, energía y demás servicios básicos; que el Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados de la provincia y el Concejo Deliberante de Toay se involucren en la búsqueda de una solución política; y que cese la estigmatización de la comunidad en el discurso público.