Condenaron a una mujer por falsificar certificados médicos

(General Pico / Agencia) - Jimena Cardoso, jueza de control de General Pico, condenó a Carina Anabel Rekofsky (48), una técnica en laboratorios que se desempeñaba en el Hospital Gobernador Centeno de esta ciudad, que falsificó una treintena de certificados médicos. La profesional fue sentenciada a la pena de años de prisión de ejecución condicional, por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con la figura de fraude en perjuicio del Estado. Además, la inhabilitó de manera perpetua para ocupar cargos o empleos públicos en la administración pública de La Pampa. También le impuso reglas de conducta por el término de dos años.

La jueza dictó sentencia en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, convenido por los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, la imputada y el defensor particular Facundo Rossi. En relación a los intereses de la víctima- en este caso el Estado-, el Ministerio Público Fiscal brindó su consentimiento a tales efectos y, asimismo recabó la opinión del denunciante- el médico del mismo Hospital mencionado en los documentos- quien manifestó su conformidad con el acuerdo y con la solución arribada para finalizar el proceso.

La jueza acreditó que entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025, Rekofsky, confeccionó 30 certificados médicos falsos atribuyéndolos a un médico cirujano del mismo hospital. Los certificados, cuya autenticidad fue íntegramente simulada en cuanto a letra, contenido, firma y sello, daban cuenta de presuntas atenciones médicas del profesional de la salud a la imputada, que nunca existieron; prescribiéndose reposo por veinticuatro horas o más con distintos diagnósticos. Resultó ser que el médico al que la imputada le falsificó la firma, no la atendió en ninguna de las fechas consignadas, ni le prescribió medicación, tratamiento o reposo alguno.

Perjuicio.

Mediante estos certificados la mujer intentó justificar sus inasistencias sin perder el presentismo y que disminuyeran sus haberes. Así logró que la administración pública provincial le abonara los salarios correspondientes a los días no trabajados. El perjuicio económico ocasionado fue cuantificado por la Contaduría General de la provincia en la suma de 10.890.905,61 de pesos.

“Dicho engaño indujo a error a las personas encargadas de gestionar las licencias y liquidar los haberes. Como consecuencia de ese error, la administración pública dispuso el pago de los salarios correspondientes a días en que la imputada no prestó servicios, generando un perjuicio patrimonial efectivo”, expresó la magistrada.

La causa se inició por la denuncia que radicó el propio médico contra la imputada, luego que las autoridades de Salud Pública le pidieran explicaciones por la cantidad de certificados a nombre de la mujer, que autorizaban sus licencias. Sin embargo, el médico desconoció estos certificados y radicó la denuncia correspondiente que derivó en el inicio de esta causa penal.

En el marco de la causa, la Brigada de Investigaciones allanó el domicilio de la imputada, donde secuestró el teléfono celular de la mujer y documentación manuscrita realizada de puño y letra por la imputada. Por último, Cardoso ordenó notificar de la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).