Defensores aseguran que padecen “una grave crisis estructural”

En un comunicado de prensa, los Defensores oficiales señalaron que “la decisión de la Procuración General de dejar sin efecto la Resolución DGE Nº 8/26, vuelve a poner en evidencia un problema mucho más profundo que una simple cuestión administrativa: la grave crisis estructural que atraviesa el Ministerio Público de la Defensa en la provincia de La Pampa”.
“Resulta significativo que la propia Procuración haya reconocido los fundamentos expuestos por el Defensor General -Martín Saravia- respecto de la escasez crítica de recursos humanos, la imposibilidad de cubrir adecuadamente las vacantes existentes, las deficiencias del sistema de sustituciones y las dificultades que enfrentan diariamente las defensorías para garantizar el acceso efectivo a la justicia”, detallaron.
Y añadieron: “Sin embargo, pese a reconocer la existencia de esta situación excepcional, la respuesta institucional fue dejar sin efecto la medida adoptada para enfrentar la emergencia, sin ofrecer soluciones concretas a los problemas denunciados”.

Realidad alarmante.
En esa línea, defendieron la resolución del Defensor General, asegurando que “no constituyó un capricho administrativo ni una decisión arbitraria”, por el contrario, aseguraron que “fue la consecuencia de una realidad alarmante: dependencias que han perdido gran parte de su personal, trabajadores sobrecargados y un servicio esencial que debe seguir funcionando con recursos cada vez más limitados”.
“La situación resulta aún más preocupante si se considera la evidente desigualdad existente entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa en materia de recursos humanos y capacidad de cobertura territorial. Mientras la persecución penal cuenta con estructuras y mecanismos de sustitución significativamente más amplios, la Defensa Pública enfrenta serias dificultades para sostener su funcionamiento básico en numerosas localidades del interior provincial”, subrayaron los defensores.

Fortalecer la defensa.
Finalmente, resaltaron que “este episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión impostergable: la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Defensa Pública, dotándola de los recursos humanos necesarios y de mayores herramientas de autonomía para gestionar adecuadamente las situaciones de emergencia que afectan la prestación del servicio”.
“La defensa pública constituye una garantía constitucional esencial para el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuando las defensorías carecen de personal suficiente para cumplir sus funciones, no se afecta únicamente a una institución: se ve comprometido el derecho de los ciudadanos a obtener una defensa efectiva y un acceso real a la justicia. La crisis existe. Ha sido reconocida por las propias autoridades. Lo que falta ahora son respuestas concretas y soluciones estructurales”, concluyeron.