Denunciaron "violencia laboral y licencias psiquiátricas masivas" en el PAMI de General Pico

Trabajadores y profesionales de la agencia local de PAMI de General Pico denunciaron "violencia laboral, maltrato cotidiano y persecución ideada por la conducción de la delegación" y sostuvieron que "la gravedad del clima laboral ha vaciado áreas críticas del Centro de Atención al publico, dejando la atención de los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad".

Los denunciantes indicaron que en la actualidad un porcentaje "inédito del personal se encuentra bajo licencia psiquiátrica prolongada, otorgada por diferentes especialistas de General Pico y Santa Rosa debido a cuadros severos de estrés y ansiedad. La ola de licencias de personal de carrera incluye renuncias efectivas de profesionales médicos y administrativos que manifestaron la imposibilidad de retornar a sus puestos bajo las condiciones actuales de hostigamiento".

Y ampliaron: "Según fuentes internas que exigen estricto anonimato por temor a represalias directas, la jefatura de la agencia —a cargo de una profesional sin experiencia laboral previa— impone de manera sistemática criterios personales por encima de las normativas internas y resoluciones vigentes del instituto. Quienes se desempeñan en la oficina señalan que ante cualquier disidencia o consulta técnica, la respuesta patronal se limita a amenazas de sanciones o invitaciones abiertas a la renuncia".

Falta de respuestas y presunto blindaje político.

Los denunciantes recurrieron a la Dirección de Recursos Humanos de PAMI para activar los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia laboral. Sin embargo, las respuestas institucionales consistieron en presiones para firmar "consentimientos de convivencia" en buenos términos, minimizando las denuncias de maltrato sistemático, informaron. 

"Ante el rechazo de los trabajadores, los expedientes fueron derivados a asesoría legal y recursos laborales, sin que hasta el momento se apliquen medidas de resguardo para las víctimas. Las juntas médicas del organismo a nivel central han manifestado su incertidumbre respecto a los plazos de autorización de las licencias, mientras que el 80% del personal local restante asiste a cumplir tareas con un profundo temor a perder su fuente de trabajo en un contexto socioeconómico complejo. Asimismo, los denunciantes advierten sobre un presunto blindaje político de la funcionaria a cargo, debido a su rol partidario activo como vicepresidenta de La libertad Avanza en la provincia, lo que explicaría la inacción de las autoridades centrales de PAMI para intervenir la agencia. Frente a la parálisis interna del organismo, los trabajadores damnificados confirmaron que realizarán presentaciones formales ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo para exigir el cese inmediato del hostigamiento y garantizar el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia", sostuvieron. 

Denuncian grave conflicto de intereses.

A la par del maltrato, fuentes cercanas a la agencia señalaron una presunta incompatibilidad funcional. 

"La Jefa de la oficina local, Sofia Mascaró de Garate, es hija directa de un reconocido cardiólogo de General Pico y de una médica propietaria del instituto de diagnóstico por imágenes más reconocido de la ciudad, (DIM), siendo ambos importantes prestadores activos de la obra social PAMI. La situación genera una abierta contradicción con la Ley de Ética Pública, dado que la funcionaria tiene bajo su órbita la gestión, auditoría y control de las prestaciones y derivaciones que benefician directamente al patrimonio de su núcleo familiar, lo que explicaría el sistemático hostigamiento hacia el personal administrativo médico de carrera que intenta aplicar los reglamentos vigentes", completaron.