Desalojaron a una mujer

El martes por la noche, en una decisión desesperada tras quedar en la calle con su hija de 5 años, una joven usurpó una casa de barrio en la zona norte de Santa Rosa. La adjudicataria del inmueble radicó una denuncia en la Seccional Segunda y una inmediata intervención judicial permitió resolver el conflicto rápidamente.

El miércoles la policía acudió al domicilio y la joven reconoció que había ingresado por la fuerza, tras violentar una ventana trasera. La joven convocó a los medios de comunicación para hacer pública su situación: “el padre de mi hija nos echó de la casa donde convivíamos y quedé en la calle. Sabía que la dueña no ocupa esta casa desde hace años, porque convive con su pareja en otro barrio. Y por eso acá no hay muebles ni funciona la cañería del baño”, argumentó.

Una cama de dos plazas, una mesa con dos sillas, una heladera y una cocina completaban el mobiliario de la casa. No había repisas, roperos, sillones, biblioteca, armarios, lavarropas, televisor, ni electrodomésticos. Tampoco herramientas, ropa, adornos, ni elementos de valor. De todos modos, es su domicilio legal y la denunciante, mantiene conectados los servicios de energía, gas e internet, y un pequeño perro mascota.

“Debemos ser rigurosos”.

“En estos casos de violación flagrante del derecho de propiedad, no podemos permitir una continuidad del delito”, advirtió el fiscal Facundo Bon Dergham. “Las personas no pueden imponer justicia por mano propia propia adueñándose por la fuerza de bienes de otros ciudadanos”. Por eso, los fiscales “debemos aplicar rigurosamente la ley para resguardar a las víctimas y restituir derechos con la mayor celeridad”, agregó.

Ante la requisitoria policial, la intrusa aceptó abandonar la casa y evitó ser llevada a juicio. “Restablecido el derecho con una mínima afectación del bien, los fiscales podemos desistir de continuar la persecución penal y dar por solucionado el conflicto”, concluyó el fiscal.

Bon Dergham también convocó a la Defensoría del Niño, la Dirección de Niñez y Adolescencia y organismos municipales y provinciales. “Existen mecanismos públicos que intervienen con recursos especiales en casos de emergencia como éste y ninguna persona queda en la calle”, recordó.

Normas administrativas.

Aunque debe garantizar acceso igualitario a un techo digno, el Estado no puede permitir que “algunas personas se apropien de los bienes de otras”. Una forma de garantizar ese derecho es entregar una vivienda social a familias que no pueden construirla de otro modo. El titular debe cumplir dos condiciones: habitar la casa y pagar sus cuotas durante 20 años, lapso en el que una familia puede atravesar innumerables situaciones, incluyendo separaciones y nuevas convivencias.

Si decide mudarse a otro domicilio antes de concluir el contrato, el titular debe comunicarlo al IPAV., pero la mayoría elige ceder la casa a un hijo, hermano u otro familiar para “no perder la casa”. “Eso sería una irregularidad que debe controlar otro organismo, pero en este caso no tenemos constatada ninguna objeción administrativa. Y además, usurpar una propiedad es un delito muy grave que produce mucha zozobra a las víctimas y a veces conlleva importantes pérdidas materiales por robos y destrozos”, lamentó el fiscal.