Detuvieron a dos ex funcionarias
La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la ex jefa del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecon Fumado, fueron detenidas ayer en el marco de la causa que investiga las muertes derivadas del fentanilo contaminado.
Fuentes del caso informaron a Noticias Argentinas que efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo tres allanamientos tras la orden del juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata.
El arresto de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, al tiempo que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.
El Gobierno aceptó la renuncia de Bisio al cargo de la ANMAT
-asumió en diciembre de 2023- en enero mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, mientras que Mantecón Fumado fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada de manera preventiva.
Ambas ex funcionarias se ocupaban del control de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., investigados por el opioide contaminado y pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.
Asimismo, el comunicado oficial informó que para “fundar el pedido” de allanamiento, la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal 1 de La Plata, María Laura Roteta, y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostuvieron que “los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales”.
Según el escrito, ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, “por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Eso derivó en la contaminación del fentanilo HLB”.
La hipótesis fiscal sostiene que “las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados”, según destacó el escrito del portal Fiscales.
De acuerdo con el planteo de los fiscales, se encuentra probado que con anterioridad, “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Sin embargo, las ex titulares “no generaron ninguna acción para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios”.
Para los representantes del MPF, “la falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a más de 40”.
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