Deuda previsional: la Corte activó la causa de La Pampa

El Gobierno de La Pampa presentó cautelar urgente ante la Corte Suprema de Justicia por el déficit previsional, ante la imposibilidad de seguir financiando el déficit provocado por el corte total de los aportes correspondientes al gobierno nacional, desde el 10 de diciembre de 2023. Con el correr de las horas, el máximo órgano judicial convocó a una audiencia entre las partes.

 

Lo que reclama la provincia son los aportes que le corresponden hacer a Nación en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260. Se trata de una conducta inédita ya que ningún gobierno anterior tuvo esa actitud violatoria de las leyes previsionales vigentes.

 

Mientras tanto, para afrontar el pago de las jubilaciones desde que gobierna Milei, el Instituto de Seguridad Social ha sido financiado por el gobierno provincial y, en menor cuantía, por todos los municipios de La Pampa. Sólo durante 2025, el presupuesto provincial terminará aportando $ 145 mil millones, suma sin actualizar, de lo cual el 11 % corresponde al aporte de los municipios al déficit.

 

Tras la presentación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a una audiencia a la Nación y La Pampa. El mandatario pampeano se hizo eco de la noticia en sus redes sociales. "Un paso más, fruto de nuestro compromiso con las y los pampeanos", resaltó el mandatario pampeano.

 

"Hemos sido convocados por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia con el Estado Nacional, en relación a nuestra demanda por el desfinanciamiento de nuestro sistema previsional", añadió. En esa línea, remarcó que insistirán "en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno Nacional nos niega. Una vez más, vamos a defender La Pampa. Por historia y por mandato popular".

 

"Parece que los cortesanos tomaron nota del resultado del domingo…", opinaron fuentes de Casa de Gobierno ante la consulta de LA ARENA. Esto se debe a que la resolución llegó justo después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas y tras varios reclamos.

 

Convocatoria.

 

El escrito del máximo órgano judicial que compartió el gobernador sostiene que "toda vez que la Provincia de La Pampa -a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.

 

En esa línea, y ante lo dictaminado por la Procuradora Fiscal, resuelve “declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. A su vez, se corrió traslado de la demanda “interpuesta contra el Estado nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días. Para su comunicación, líbrese oficio al Ministerio de Capital Humano de la Nación y comuníquese a la Procuración General de la Nación”.

 

Finalmente, se dispuso convocar a una audiencia entre las partes. La misma se realizará “en el ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios en la sede de esta Corte el 5 de noviembre de 2025 a las 11 horas”.

 

Garantizar salarios.

 

En el marco de este grave perjuicio a las finanzas provinciales que genera el incumplimiento nacional, el Poder Ejecutivo provincial envió en el día de hoy un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para garantizar salarios, haberes jubilatorios y aguinaldos este año.

 

Su objetivo exclusivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones que genera la prestación de los servicios públicos de salud y educación, asistencia alimentaria y el pago de salarios estatales y haberes jubilatorios del ISS con sus correspondientes aguinaldos. Mediante ese proyecto se propone darle al Poder Ejecutivo la herramienta de reestructuración y utilización de partidas sólo para tales fines específicos, y como medida excepcional hasta el 31 de diciembre.

 

La delicada situación financiera del sistema previsional pampeano, tal como fue expuesta públicamente por autoridades el Instituto de Seguridad Social, se genera debido a que el Gobierno Nacional, desde su asunción nunca realizó siquiera los adelantos mensuales y, menos aún audita ni abona el déficit anual, tal como lo establece el Pacto Fiscal de 1.999 y la Ley nº 27.260. Además, eliminó los artículos del Presupuesto 2023, vigente aún en 2025, que ratificaban dicha obligación.

 

Recursos provinciales.

 

Para cubrir el déficit generado por el Estado Nacional, la Provincia de La Pampa ha debido suplir dicho incumplimiento, utilizando recursos del presupuesto provincial y el aporte municipal. A ello se suma el impacto de la fuerte recesión económica que atraviesa el país y afecta en forma directa al Estado Provincial, generando una considerable disminución de fondos que mensualmente ingresan a la provincia. Y también el incumplimiento ilegal y arbitrario de los acuerdos contractuales preexistentes en materias como obra pública, debiendo la provincia solventar en su totalidad tales perjuicios.

 

“La Pampa se identifica por mantener una economía ordenada y por sostener su nivel de gastos estables. Prueba de ello, es que no se ha resentido ninguna prestación de servicios públicos. Aún cuando el nivel de los recursos ingresados y su proyección al 31 de diciembre, determinarán una disminución del orden del 12 % con el monto aprobado en el Presupuesto 2025. De un total previsto de 1,99 billones de pesos, se estima un ingreso real de 1,74 billones de pesos”, indicaron desde el Ejecutivo.

 

“Dicha baja de ingresos, y la obligación de afrontar cada día más obligaciones y necesidades sociales de políticas públicas abandonadas por el Estado Nacional, generan que sea imposible seguir cubriendo todos los abandonos y deudas del Estado Nacional sin resentir la estabilidad económica de nuestras finanzas”, advirtieron. Ante esta situación, se solicitó a la Corte le ordene al Estado Nacional que cumpla en forma inmediata con su obligación previsional.

 

Complementariamente, se propone al Poder Legislativo se otorguen las herramientas transitorias para garantizar erogaciones vinculadas a salud, educación, alimentos, salarios, jubilaciones y aguinaldos.

 

“La no modificación de la actitud del Gobierno Nacional, indudablemente tendrá impacto en la distribución de los recursos que integrarán el proyecto de presupuesto 2026, próximo a enviar a la legislatura provincial”, completaron.