"El 51% de los estudiantes continúan segregados"

En Argentina, "haber avanzado en la normativa no resuelve la segregación ni garantiza el proceso hacia una educación inclusiva", afirmó Silvia Bersanelli, magister en Integración de Personas con Discapacidad. Sostuvo que hay que realizar mejoras en las escuelas comunes para garantizar la inclusión y las antiguas escuelas especiales transformarlas en centros de apoyo, como sucede en La Pampa.

 

Bersanelli participó de la Cumbre Global de Discapacidad de América Latina y el Caribe en el tema "educación inclusiva". La jornada se realizó el pasado jueves y se trataron diversos ejes: cooperación internacional para el desarrollo inclusivo; salud inclusiva; educación inclusiva; fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad en el sur global; empleo y medios de vida inclusivos; e inclusión en situaciones de desplazamiento, crisis y conflictos, incluidas las derivadas del cambio climático.

 

Avances normativos.

 

La docente pampeana representó a Argentina y presentó los avances normativos a nivel nacional, los datos sobre la situación actual de los estudiantes con discapacidad y los desafíos que tiene el país. En cuanto a los avances normativos señaló, como primera medida en el país, la creación de la Dirección de Educación Inclusiva en el 2004 en La Pampa y "a partir de allí se generó un avance en todo el país".

 

En tanto, mencionó que la Convención de las Personas con Discapacidad fue creada en el 2006 y Argentina la adoptó en 2007. "En el 2006 se sumó la Dirección de Educación Inclusiva en Chubut, luego se avanzó en leyes provinciales como en el 2009 la ley de Educación Inclusiva de Chaco; Formosa creó lineamientos a la orientación a la educación inclusiva en el 2010; en 2011 Río Negro y Mendoza adoptaron esas orientaciones", desarrolló.

 

"En el 2016, el Ministerio de Educación firmó la resolución 311 que es la que regula en el país. A partir de ese momento, Neuquén, Córdoba, Misiones, avanzaron en la normativa y en el 2021 se sumaron muchas provincias (Chaco, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Catamarca, Entre Ríos) y quedan cuatro provincias que no exhiben documentación, como Tucumán, Santa Fe, Tierra del Fuego y La Rioja, pero que la Convención es obligación para todo el país, aunque no tengan una normativa propia", continuó.

 

Situación actual.

 

Además de las normas presentes en el país, Bersanelli hizo hincapié en los datos reales y destacó la cantidad de estudiantes con discapacidad en el 2016 en relación a los de 2019. "Hemos aumentado la cantidad de estudiantes con discapacidad en educación general, pero no nos refleja un importante aumento de estudiantes en la educación común. De hecho el 51 % de estudiantes con discapacidad, es decir 107.470 estudiantes aún permanecen en la educación especial, es decir en un espacio segregado tal como lo señala la Convención", precisó.

 

"Las evidencias indican que aún se encuentran fuera de la educación común el 51 % de estudiantes con discapacidad" insistió y sostuvo que "haber avanzado en la normativa, no resuelve la segregación ni garantiza el proceso hacia una educación inclusiva". Aseguró que "la normativa general que tenemos en el país no refleja la adopción del modelo social de la discapacidad ni el enfoque de los derechos humanos ni supera la visión del modelo médico o asistencialista; en algunos casos la normativa reduce la educación inclusiva a los estudiantes con discapacidad cuando el concepto es mucho más amplio".

 

Pandemia y excusas.

 

En la Cumbre, la magister expresó que "salvo excepciones, no se detectan políticas claras para la transformación de la cultura, de las prácticas en la educación, en la formación docente ni en las instituciones escolares, en los contenidos y métodos de enseñanza". En ese sentido, manifestó que "la situación de pandemia no debería ser la excusa para la paralización o el atraso sino que debería ser el estímulo para provocar los cambios necesarios en la educación y superar las desigualdades.

 

Siete desafíos.

 

Por último, Bersanelli mencionó los siete desafíos para la educación inclusiva en Argentina, teniendo en cuenta la Convención y los objetivos de desarrollo sustentable. En primer lugar, subrayó la importancia de "continuar con el proceso de inclusión en la educación común a los estudiantes que aún se encuentran en espacios segregados o fuera del sistema con los ajustes razonables y los apoyos pertinentes".

 

En ese sentido apuntó contra la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, "que dijo que no van a salir a buscar los estudiantes que se fueron; al contrario, la educación tiene que salir a buscar a todos los chicos que se fueron y tiene que poder integrar a la educación común a los estudiantes con discapacidad que se encuentran en el circuito de la educación especial".

 

Por otra parte, explicó que se deben "propiciar los cambios estructurales necesarios, ya sea la organización de las escuelas, en los planes de estudios, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje y en la formación docente. El otro desafío grande para el país es transformar las escuelas especiales en escuelas o centro de apoyo, es decir lo que se hizo acá en La Pampa".

 

También mencionó que es importante "favorecer el desarrollo de otras culturas que faciliten prácticas respetuosas de la diversidad humana y no discriminadoras; brindar capacitaciones sobre el modelo social de la discapacidad con enfoque en derechos humanos de la educación para renovar la escuela y la planificación de la enseñanza desde la perspectiva del diseño universal; incorporar la voz de los estudiantes, de las familias y de los excluidos porque son los que sufren la segregación y pueden aportar mejoras al sistema educativo; y por último, realizar mejoras a la normativa en base a la convención y el modelo social de la discapacidad, y por supuesto suprimir el modelo médico".