El conflicto con Clarín, más allá de la frontera argentina

En simultáneo con el conflicto de Santa Rosa, el Estado uruguayo enfrenta un conflicto con el grupo Clarín por la instalación irregular de fibra óptica. Hace 45 días, la empresa estatal de energía implementó un cronograma para retirar el cableado de Flow en todo el país.

Si bien durante 2025 el conflicto en Santa Rosa se consolidó como el caso testigo más relevante de un municipio enfrentando directamente a multinacionales como Movistar y el Grupo Clarín, está lejos de ser una situación excepcional. Este año General Pico secuestró vehículos de la misma empresa, Puerto Madryn y Rawson iniciaron procesos de retiro de infraestructura de Movistar, y el Estado bonaerense aplicó abultadas multas a Telecentro y Direct TV, del Grupo Werthein.

Esta tensión entre municipios y empresas amenaza frenar inversiones estimadas en 12.600 millones de dólares: mientras los privados cuestionan las “exigencias arbitrarias”, los municipios defienden su derecho a ejercer “el poder de policía local”.

Retiran cableado en Uruguay.

Pero estos intentos públicos para ponerle freno al avance de oligopolios y resguardar activos públicos, garantizando condiciones de competencia justa, no se limitan al territorio argentino. El lunes 3 de noviembre, la empresa estatal UTE de Uruguay inició el retiro de cables y equipos de fibra óptica instalados irregularmente sobre su infraestructura eléctrica, un proceso que se extiende a todo el país y todavía continúa ejecutándose. La UTE es la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, una empresa pública del sector de energía que desarrolla actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica,

La principal empresa afectada por este demantelamiento es Flow, empresa del Grupo Clarín que también registra una presencia importante en Paraguay.

En Uruguay, el retiro de la fibra óptica instalada ilegalmente por Clarín sobre las columnas de energía eléctrica de la UTE fue impulsado por una denuncia de Antel, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, otra empresa pública uruguaya, encargada de ofrecer servicios de telefonía fija, telefonía móvil e internet. Fue fundada en 1974, cuando esa división se desprendió de UTE y adquirió autonomía.

Abajo el cableado.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, denunció que diversas empresas privadas, nacionales y multinacionales utilizaban postes de UTE sin autorización ni pago de los cánones correspondientes para ofrecer servicios de internet y TV por cable. Según Paz, mediante esta práctica los privados ahorran costos de infraestructura y pueden ofrecer servicios más baratos, causándole un perjuicio económico a Antel.

Con el fin de regularizar el uso de activos públicos y garantizar una competencia justa, la UTE ordenó el desmantelamiento de instalaciones, en su mayoría de Flow. El mismo 3 de noviembre comenzaron a retirar la fibra de Clarín en Paysandú, posteriormente en Salto, Rocha y, finalmente, Montevideo.

Esta tensión entre el Estado y los oligopolios privados venía en aumento desde varios meses antes: en junio, Antel había anulado un plan de tarifas mayoritarias (aprobado por su anterior directorio en agosto de 2024), que permitía a las empresas privadas ofrecer servicios de fibra óptica utilizando infraestructura existente, con excepción del tramo de conexión hogareña conocido como “última milla”. Llamativamente, la decisión fue cuestionada por la central de trabajadores uruguaya, el Pit-Cnt (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores), el Frente Amplio y la vicepresidenta Carolina Cosse.

La madre del oligopolio.

Pero el principal apoyo para Clarín provino de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), con un comunicado oficial advirtiendo que el retiro de equipos de fibra óptica de cableoperadores privados dejaría desconectados a los usuarios y obstaculizaría la competencia, por lo cual convocó al diálogo para encontrar una solución equilibrada.

La Asiet es una entidad continental que agrupa a operadores de telecomunicaciones, incluyendo firmas tecnológicas y de infraestructura. Su actual presidente es Daniel Bernal (América Móvil-Claro) y entre sus principales miembros figuran grandes grupos regionales como Claro, Movistar, Millicom, Telecom Argentina, AT&T México y Latin America, y empresas estatales como Antel, Copaco (Paraguay), ETB (Colombia) y Grupo ICE (Costa Rica)

Además de defender consignas reiteradas, como “continuidad del servicio y seguridad jurídica”, la Asiet recordó que el uso compartido de infraestructura pasiva resulta “una práctica común a nivel global” entre empresas eléctricas y de telecomunicaciones, y argumentó que contribuye a una gestión ambiental y visual más eficiente.

La UTE hizo caso omiso de esa recomendación y mantuvo su cronograma de operativos. El 24 de noviembre comenzaron los retiros de fibra en Montevideo, la ciudad con mayor conectividad del país. Se estima que un 95% de los hogares capitalinos está conectado a internet, índice que supera la media nacional (91%). En Uruguay existen aproximadamente 1,1 millón de usuarios activos, de los cuales unos 600 mil corresponden a Montevideo.