Elevan a juicio oral el caso Díaz Lacava

El martes pasado, 10 de marzo, juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, elevó a juicio oral y público al integrante del Tribunal Oral Federal local, doctor Pablo Ramiro Díaz Lacava, quien está imputado de “amenazas, coacción, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público”. El magistrado lo dispuso tras rechazar un recurso presentado por la defensa del funcionario judicial imputado, y decidir que la causa se ventile en un debate oral y público.

 

La medida del magistrado “surge del expediente, y como ya se ha dicho y explicado siempre con el alcance procesal que esta etapa del proceso requiere, se encuentran acreditados los hechos delimitados en el auto de procesamiento ya mencionado, que fuera materia de revisión por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca e incluso una revisión parcial por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que nos exime de mayores comentarios”.

 

Sostuvo que “que en definitiva y en base al estado de autos corresponde disponer la elevación parcial a juicio de las actuaciones, pues el debate oral con sus esenciales características: oralidad, continuidad, publicidad, concentración, inmediación, identidad física del juzgador y contradicción (conf. arts. 359, 363, 364, 365, 382, 391, 393 y 396 del CPPN), resultará el ámbito propicio para que las partes puedan, con la mayor amplitud del caso, debatir y confrontar toda la prueba agregada a la causa y la que, en su caso, pudieren ofrecer”.

 

Las imputaciones a ventilar.

 

La causa penal contra el juez federal Díaz Lacava, configura un expediente que describe un escenario de violencia, hostigamiento y abuso de poder dentro del propio ámbito judicial. La investigación reúne denuncias de funcionarios y empleados judiciales —varias de ellas mujeres— que relataron episodios reiterados de maltrato, amenazas e intimidaciones ocurridos en el tribunal, situaciones que fueron encuadradas como violencia laboral y, en algunos casos, como violencia de género.

 

La resolución del juez Baric explica que decidió “rechazar la oposición formulada por la defensa de Pablo Ramiro Díaz Lacava y en consecuencia declarar parcialmente (por varias de las imputaciones) la clausura de la instrucción de la presente causa respecto del cual la querella y el Ministerio Público Fiscal formularán requerimiento de elevación a juicio de Pablo Ramiro Díaz Lacava por considerarlo prima facie autor material y penalmente responsable de los delitos de amenazas simples, en perjuicio de A.L.T., N.B.M., E.E.S., B.M., J.I.R.B. y R.J.S.G. en concurso real con los delitos de amenazas agravadas en perjuicio de N.B.M. y E.E.S., por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo, los que concurren a su vez en forma ideal con el delito de lesiones leves en la salud de A.L.T., E.E.S., N.B.M., B.M., J.I.R.B. y R.J.S.G.”

 

Y añade que estos delitos “a su vez concurren en forma real con el delito de lesiones graves en la salud de N.B.M. por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes, en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, que concurre en forma real con el delito de desobediencia judicial y que a su vez concurre en forma real con el delito de retardo malicioso de justicia (4 oportunidades) (arts. 45, 54, 55, 89, 90, 149 bis, 149 ter inc. “b”, 239, 248 y 273, párrafo 2do. del Código Penal; 306, 310 y concordantes del CPPN)”.

 

Y, entre los hechos incorporados al expediente también figura un episodio ocurrido en plena jornada laboral, cuando el magistrado tomó una piedra de la vereda y la arrojó contra la ventana del despacho de uno de los secretarios del tribunal en el primer piso. El propio juez reconoció el episodio durante su descargo, aunque intentó justificarlo como una “broma impropia”.

 

Proceso.

 

Paralelamente, los mismos hechos , imputados a Díaz Lacava, se encuentran bajo análisis del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde tramita un expediente disciplinario que evalúa la conducta del magistrado.

 

Fuentes judiciales afirman que en ese ámbito institucional, la situación de Díaz Lacava aparece particularmente comprometida. La acumulación de denuncias, las medidas adoptadas para proteger al personal judicial y ahora la elevación de la causa penal a juicio oral conforman un cuadro que podría derivar en la apertura de un jury de enjuiciamiento, el mecanismo previsto para analizar la eventual remoción de jueces federales.

 

Distintas fuentes vinculadas al proceso sostienen que el expediente se encamina hacia una definición de ese tipo, lo que colocaría al magistrado frente a un proceso que podría terminar con su destitución del cargo. De avanzar ese proceso, Díaz Lacava quedaría ante dos instancias decisivas: el juicio penal por los hechos denunciados y el eventual jury, procesos judiciales que amenazan su cargo.