“Encerrar a niños de 14 años no resuelve los problemas de fondo”

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UNLPam advirtieron que la baja de edad de imputabilidad que propone la Reforma Penal Juvenil es “inconstitucional y contraproducente”, y que puede tener efectos negativos sobre los niños, niñas y adolescentes criminalizados.

 

Los especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas cuestionaron la reciente reforma que reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, y sostienen que viola tratados internacionales, estigmatiza a las adolescencias y no resuelve los problemas de seguridad.

 

“El pasado 27 de febrero, el Congreso Nacional sancionó una ley que modifica el régimen penal juvenil y reduce la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años. La decisión encendió las alarmas en el ámbito académico y de los derechos humanos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) emitió un informe contundente: la reforma es inconstitucional, regresiva y contradice las recomendaciones del derecho internacional”, afirmaron en un comunicado.

 

En este sentido, indicaron que la reforma viola la Convención de los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional en Argentina: “El Comité de los Derechos del Niño fue explícito: los Estados que ya tienen una edad mínima elevada (como 15 o 16 años) no deben reducirla en ninguna circunstancia, ya que eso constituye un retroceso en los estándares de protección. Al bajar la edad a 14 años, Argentina incumple ese mandato y se expone a ser responsable ante la comunidad internacional”.

 

Efectos perjudiciales.

 

En su informe, el Observatorio también destaca que se ha probado que el contacto de niñas, niños y adolescentes con el sistema penal “genera un efecto estigmatizante en una etapa clave de formación de la identidad”, por lo que “dificulta la reinserción social y condiciona el acceso futuro a la educación y el trabajo”.

 

“Lejos de mejorar la seguridad, la evidencia muestra lo contrario. Experiencias de países de la región que bajaron la edad de punibilidad dieron como resultado mayores niveles de reincidencia y carreras delictivas más largas”, remarcaron.

 

Asimismo, sostienen que el nivel de delincuencia juvenil en Argentina es bajo, y no amerita una medida tan drástica. “Según estadísticas oficiales de la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de niños no punibles (menores de 16 años) que intervienen en delitos graves a nivel federal es ínfima. Por lo tanto, habilitar la intervención penal a los 14 años es una respuesta desproporcionada y desconectada de la realidad”, argumentan. “Incluso en provincias como La Pampa, donde rige desde 2023 la Ley 3353 de ‘Procedimiento Penal para Adolescentes’ —una normativa alineada con los estándares internacionales—, el sistema ya contaba con herramientas para abordar la conflictividad juvenil sin recurrir al encierro punitivo”.

 

“Para el Observatorio, la reforma prioriza el castigo por encima de los fines socioeducativos que deben orientar cualquier régimen penal juvenil. ‘Encerrar a niños de 14 años no resuelve los problemas de fondo’, afirman, y advierten que la decisión legislativa responde más a presiones de la opinión pública que a datos ciertos y a una comprensión integral del fenómeno del delito en la adolescencia”, concluye el comunicado.